Desde las 10 de este miércoles, el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 da inicio al juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.

El juicio estará a cargo de los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. 

Se prevé que declaren 277 testigos, en función de los pedidos que realizaron la fiscal Gabriela Baigún, las defensas de los acusados y la querella que representa a la ex mandataria y que encabeza el abogado José Manuel Ubeira.

Los tres imputados están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”.

Los principales testigos son los policías de la custodia que estuvieron aquella noche; los militantes que presenciaron lo que pasó y persiguieron a Sabag Montiel; los peritos del arma que utilizó el joven en el ataque y los especialistas que se encargaron de extraer la información de los teléfonos de los acusados e hicieron los informes que constan en la causa.

Por ahora, las audiencias serán todos los miércoles, aunque no se descarta que una vez pasada la etapa de lectura de requerimientos e indagatorias, se sumen más días de la semana para tomar las declaraciones testimoniales.

Los argumentos del fiscal

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo le imputó a Fernando André Sabag Montiel “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.

“Dicha conducta tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00, aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1.409 de la calle Juncal, cuando la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre.32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos. Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”, describió en el documento.

“Asimismo, se le imputa haber portado, en las condiciones y circunstancias antes descriptas, el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura, a sabiendas de ello”, agregó.

Los acusados y las vinculaciones desestimadas

Los tres acusados llegarán a este proceso además con una condena judicial por tenencia ilegal de documentación, una causa paralela que se inició durante la instrucción del magnicidio, tras hallarse en los domicilios de los imputados DNI de otras personas, cuya tenencia no pudieron justificar.

El Tribunal 6 no analizará la implicación en el intento de asesinato que pudo haber tenido el grupo Revolución Federal, que desde las redes sociales arengaba ataques contra Cristina Fernández y funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández.

Los acusados supieron tener presencia en varias de las manifestaciones y escraches que protagonizaron esta agrupación durante el 2022. 

Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, un millón de pesos para la fabricación de muebles, pese a que este sujeto había aprendido carpintería siguiendo tutoriales que se emitían por la plataforma YouTube.

La querella de la ex mandataria aportó información en relación a los desembolsos que recibía el grupo, que montaba actividades violentas en las calles.

Estos pagos se cortaron a fines de agosto de 2022, horas antes del intento de magnicidio. 

En una conversación registrada en su teléfono, Montiel describió cómo haría para matar a Cristina Fernández, y lo que contó coincide con la forma en la cual se desarrollaron los hechos.    

Para Montiel, había que infiltrarse entre los manifestantes que por esos días se congregaban en respaldo a la ex presidenta, quien había recibido un pedido de 12 años de prisión en el juicio de la causa “Vialidad”. 

Proponía actuar ante el descuido y actuar, para que, de esta forma, la entonces titular del Senado pasara a la historia. 

Varios de los integrantes de Revolución Federal se instalaron en los días previos al atentado en el departamento de arriba de Cristina Kirchner. 

Desde allí sacaron fotos, observaron movimientos, en actividades que fueron facilitadas por una vecina que, sin conocerlos, los contrató para que le hicieran trabajos de mantenimiento y refacción en su vivienda.  

Unos días después, se produjo el atentado contra la vicepresidenta y la convicción de la querella era que estas personas realizaban tareas de inteligencia con la finalidad de preparar el ataque.

Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tuvo a cargo la instrucción de esta causa, no profundizó en las vinculaciones que los integrantes de Revolución Federal pudieron tener con el intento de asesinato, y envió la causa a juicio oral para que se analice las responsabilidades de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.

Otro de los aspectos del caso que no se profundizaron en la instrucción de Capuchetti fue el de la posible vinculación con el hecho que pudo haber tenido el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman.

Un asesor de otro legislador asegura haber escuchado a Milman mantener una conversación con otras dos asesoras en una confitería cercana al Congreso, en la cual el legislador soltó una intrigante frase: “Cuando la maten, voy a estar en la costa”. 

El teléfono de Milman y los de sus asesoras fueron borrados en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Milman incluso le entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera se vendía en la Argentina cuando ocurrió el ataque.