Durante el mediodía de este jueves, gremios nucleados en la CGT, en las CTA y movimientos sociales se movilizaron masivamente por el centro cordobés, en el marco del paro nacional.

Entre las columnas participantes, sobresalieron las del Surrbac; la UEPC; el Suoem; el Satsaid; el Cispren; el personal de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) que resisten las amenazas contra los medios públicos; la Uolra, la UOM, trabajadores de Anses y la AFIP.

En la mañana, fueron concentrándose las diversas expresiones del mundo del trabajo en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, en Vélez Sársfield 137, donde se realizó una radio abierta. Desde allí se movilizaron para confluir en Colón y General Paz. "Los derechos se defienden, la Patria no se vende" fue la consigna aglutinadora.

"El movimiento obrero de Córdoba en total unidad se movilizó por el centro de nuestra capital para repudiar las políticas de ajuste y rechazar la Ley Bases para la destrucción de nuestra Patria. ¡No existe la libertad sin derechos!", destacó en sus redes la CGT Córdoba.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) destacaron que el acatamiento del paro superó el 80% en las escuelas de la provincia, en todos los niveles y modalidades. Y también remarcaron el carácter multitudinario de la movilización por el centro cordobés "tanto de trabajadores activos como jubilados del conjunto de gremios estatales, como también organizaciones sociales, pymes y cooperativas, en consonancia con lo que ocurre a lo largo y ancho del país".

Ilda Bustos, titular de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y una de las cabezas de la CGT Córdoba, celebró la movilización en Córdoba como símbolo de la "unidad de las y los trabajadores" en el marco del paro nacional, exhortando a sostener la "organización y lucha" y el rechazo del Pacto de Mayo, que está previsto que se concrete en esta capital.

Por su parte, Rubén Daniele, titular del Suoem, presente también en la marcha, manifestó que el Gobierno atenta contra el derecho a la protesta de las y los trabajadores: "Entre el DNU y la Ley Bases, quieren meterse en el sistema de las asambleas, declarar esencial todo lo que encuentran para debilitarnos, como con los protocolos. Van contra la libertad sindical y el derecho a la protesta. No quieren que como gremios nos podamos organizar".

"Pará la mano"

En la previa del paro, a nivel nacional la CGT y las dos CTA emitieron un comunicado conjunto, que apuntaba como consignas: "Milei pará la mano. La Patria no se vende. En defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical. Por salario digno, por empleo con derechos laborales. Paro nacional".

En el documento, manifestaban las centrales obreras: "Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un Gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida 'libertad de mercado', implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados".

Y añadían: "Estamos frente a un Gobierno nacional que promueve quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos. Que decreta la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo. Que lleva adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública; de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y la población en general, afectando directamente a la calidad educativa, la capacidad de investigación del país y nuestra identidad cultural. Que promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional".

Desde la organización del paro, plantearon además que se registra un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; "son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables", dice el documento.

"Un gobierno sin diálogo social, que solo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad", puntualizaba el texto contra el Gobierno.

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