Bajo la consigna "La salud mental no se negocia", cientos de personas marcharon en la tarde de este viernes por el centro de Córdoba en la décima marcha convocada por el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. A pocos días del balotaje, la movilización se opuso a las propuestas electorales que plantean la retirada del Estado y la pérdida de derechos, y reclamó por la implementación plena de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.

En la convocatoria a la "10a. Marcha por el Derecho a la Salud Mental" se destacaba la importancia de la defensa de esta norma que introdujo "un cambio sustancial en materia de promoción y prevención", basado en los estándares internacionales de derechos humanos y en la justicia social; y se la defendía de quienes "sin argumentos y con falacias" proponen su derogación y "la retirada del Estado y la pérdida de derechos sociales".

Asimismo, el colectivo convocante, a 40 años de la recuperación de la democracia, demandaba mayor presencia del Estado, con "políticas integrales e intersectoriales que garanticen techo, trabajo, comida, educación para las personas en situación de vulnerabilidad"; como una base para vivir en una sociedad democrática y saludable. 

En la movilización hablaron las familias de Ezequiel Castro, Matías Mariño y otras víctimas del Centro Psicoasistencial de Córdoba Capital (CPA), que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y está destinado a pacientes judicializados.

Ezequiel Castro murió el 14 de junio de 2022, a los 21 años, en el Hospital Misericordia. Había sido trasladado por la Policía desde el Centro Psicoasistencial. Había manifestado que había sido golpeado y que desde hacía dos días no se le daba agua para beber. Una semana atrás había sido detenido.

"En el relato de violencia estatal, que finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo, con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo", indicaron desde la convocatoria a la marcha y denunciaron que "a más de un año de su trágica muerte, ni la Secretaria de Salud Mental, organismo responsable del CPA, ni ningún organismo ha brindado respuestas satisfactorias a las demandas de la familia"; por lo que se exige el cierre definitivo CPA, un organismo que, entienden, "viola la Ley Nacional de Salud Mental".

En una entrevista de La Nueva Mañana, previa a la marcha, Martín Passini, licenciado en Psicología y parte del Observatorio de Salud Mental y de Derechos Humanos que monitorea las prácticas y políticas públicas en Córdoba, indicaba que la propuesta electoral del candidato libertario Javier Milei, “que plantea un retroceso del Estado como garante de salud”, implica continuar con el “desfinanciamiento” de los hospitales, del subsistema público de salud; y “significaría dejar a la intemperie a ese 35% de la población del área Gran Córdoba o a nivel nacional, a 16 millones de argentinos y argentinas que no cuentas con acceso a la atención privada en materia de salud”.

Advierte Passini en la citada entrevista que "es muy difícil el impacto que podría tener en toda esta población” y que “en el caso de las personas usuarias del servicio de salud mental, de personas con padecimientos mentales, venimos hace muchos años demandando que las leyes nacional y provincial de salud mental, siguen sin implementarse como debiera hacerse”.

“Esto va a ser un círculo vicioso entre malestares individuales, malestar colectivo, profundización de estigmas sociales y profundización de desigualdades", detalla respecto del riesgo que propuestas políticas de este tipo generan.

Y concluye: "Una cosa que nos dejó bien en claro la pandemia, es que la salud mental es una problemática social, no es una condición o una serie de patologías individuales. Es decir, está atravesada por las condiciones materiales, culturales, simbólicas y sociales en las cuales vivimos las poblaciones”.

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