Contra las propuestas electorales que plantean la retirada del Estado y la pérdida de derechos, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental reclama por la implementación plena de la Ley 26.657: “La Salud Mental no se negocia”.
Córdoba 03/11/2023
Miriam Campos
“¿Por qué es importante la marcha?”, pregunta la trabajadora social y docente universitaria Maira Bustos mientras recorre con la mirada la sala donde una veintena de jóvenes y adultos, usuarias y usuarios de los servicios de salud mental, participan en barrio General Bustos de un debate previo a la movilización de este viernes. Nadie se anima al principio, pero las respuestas, simples y espontáneas, van saliendo: “Para defender lo público”, “para visibilizarnos”, “por las condiciones de los trabajadores”, “para que la gente tome conciencia que tenemos derechos al ser usuarios de salud mental”, “para que las autoridades destinen presupuesto”.
En la sede del Programa del Sol sobre la calle Diagonal Ica, el centro de prevención y tratamiento para el consumo de sustancias que asiste a personas sin cobertura social, unos días antes a la 10° Marcha por la Salud Mental -que parte este viernes desde Colón y Cañada a las 17 y recorre parte del centro-, se toman el tiempo para leer y compartir opiniones sobre la Ley 26.657 que habla sobre el derecho a la protección de la Salud Mental, en particular, el artículo 4 que plantea los derechos de las personas con consumos problemáticos cuyo abordaje debe ser parte integrante de las políticas de salud mental. La legislación nacional sobre la que hablan tiene ya 13 años, y nunca se implementó plenamente.
En ese marco es que cada año, usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, las y los trabajadores del sector; organizaciones sociales, políticas y civiles que conforman el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, salen a la calle para “defender los avances en el área de la Salud Mental y para seguir exigiendo por la vida digna”.
“Las personas que tienen problemas de salud mental no dejan de ser personas con derechos. Esto es importante resaltarlo, siguen teniendo exactamente los mismos derechos que tiene el resto, y conocer la ley que los protege es importante”, dice Bustos y añade: “Por eso, es necesario habitar la calle, participar de esos espacios donde esto se hace público, donde lo que siempre está encerrado se vea, se visibilice”.
-¿Qué hace falta atender con urgencia a nivel local en cuanto a la salud mental?
-Acá la urgencia es que dejen de matar pibes con problemas de salud mental a manos de la Policía, o en espacios del Estado. Me parece urgente atender la vulneración de derechos que hay en este vínculo de problemas de salud mental, problemas de consumo y juventudes, porque es hacer visible el artículo cuatro de la Ley de Salud Mental que sostiene que las problemáticas de consumo son problemáticas de salud mental, y el acceso, la forma, tiene que ver con espacios de salud. Hace un año mataron a Ezequiel Castro, por quien se sigue reclamando justicia, y las lógicas de sujeción social sobre las personas que tienen problemas de consumo creo que es algo urgente que hay que atender en este momento.
“Este año nos encuentra defendiendo aún con más fuerza las leyes que han introducido un cambio sustancial en materia de promoción y prevención. Frente a propuestas electorales que sin argumentos y con falacias proponen la derogación de las leyes, la retirada del Estado y la pérdida de derechos sociales”, indica en un comunicado el Colectivo por la Salud Mental y subraya: “Nos oponemos a estos planteos que generarían que la mayoría de las personas afectadas queden a la intemperie, en una situación de extrema vulnerabilidad, y que tengan que arreglárselas como puedan con sus malestares”.
Es por ello también que este 2023, a pocas semanas de la definición presidencial en el balotaje del 19 de noviembre, la consigna de la movilización es “La Salud Mental no se negocia” y apunta a defender los derechos adquiridos en la materia, pero además, seguir reclamando a las autoridades que se amplíen los presupuestos, tal como indica la ley 26.657 cuya reestructuración del sistema de atención, establece en el artículo 32, la obligación de destinar al menos, el 10% del gasto toral de salud a salud mental.
“Las personas que tienen problemas de salud mental no dejan de ser personas con derechos; esto es importante resaltarlo, siguen teniendo exactamente los mismos derechos que tiene el resto”.
En esa línea, Paula Boccardi, psicóloga, comunicadora social y parte también del Programa del Sol, aporta que la idea de “con la ley no se negocia” tiene que ver con el avance de la privatización de la salud. “Cada vez es más notorio que la posibilidad de acceder a algunos derechos en salud mental -porque tampoco están todos garantizados-, tiene que ver más que nada, con la posibilidad de un tratamiento digno, que en general están ligados a la salud que se paga, a lo privado”, dice y explica que esa es la idea principal con esta marcha: “La salud mental no se negocia porque no puede ser que tengamos que pagar para acceder a un tratamiento digno, para que se respeten los derechos”.
“La marcha nace a partir de la realización de usuaries de salud mental, que empiezan a organizarse y poner en palabras los reclamos", agrega Boccardi y explica que la palabra del ´loco´ es una palabra históricamente silenciada, invalidada y metida hacia adentro. Por eso, es importante que la voz del padeciente, que tiene un problema de sufrimiento psíquico, pueda visibilizarse, pueda estar en la calle y pueda ser un problema social como cualquier otro. "Hay que poder pensar a la locura y la salud mental como algo que nos atraviesa a todos. No hay un sector de los locos y otro de los no locos, no existe el ´no loco´ porque todos podemos, en algún momento, tener un problema de salud mental”, indica.
En esa línea, y en referencia a las condiciones en que se trabaja en salud mental y en la que las y los usuarios transitan sus tratamientos, Eugenia Decca, trabajadora social y directora del Programa del Sol, es tajante: "No hay inversión en salud mental". Cuenta que este año se cerró el IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicciones), y es bueno que se haya tomado la decisión por ser un espacio monovalente, pero no se abrió la misma cantidad de camas en hospitales generales.
"Hay solo dos hospitales, el Tránsito Cáceres de Allende y el Misericordia que tienen camas para salud mental, pero pensemos que son hospitales generales que cada uno tiene no más de 10 camas. Hablamos de unas 10 o 15 camas en cada hospital para toda la provincia", explica Decca y añade: "No hay ninguna posibilidad que eso cubra las necesidades o demandas de salud mental en la provincia, porque en el interior, lo que no llega a cubrir San Francisco o Bell Ville, las personas vienen acá a Córdoba. Y no hay camas, pero además, las internaciones cuando hablamos sobre consumos, son solo para desintoxicación, unos 5, 7 o 10 días y no más que eso".
Sobre esto, Decca explica que las internaciones deberían ser más largas pero como tienen tanta demanda, las personas son asistidas menos días. Respecto al presupuesto -explica- tampoco hay equipos en los hospitales generales, donde se han abierto camas de internación para salud mental: "No hay equipos porque no se invirtió en eso. Y con el cierre de uno de los monovalentes como el IPAD tampoco se han abierto a nivel provincial dispositivos territoriales y comunitarios y la situación para los usuarios es complicada".
Los datos dan cuenta de que hay una gran población, tanto en Córdoba como a nivel nacional, que son usuarias del servicio de salud pública, es decir que se atienden en los hospitales públicos. En el área del gran Córdoba, según datos del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), el 35% de la población no tiene cobertura de salud. Y a nivel nacional, los datos oficiales reportan que hay alrededor de 16 millones de personas en Argentina que son usuarios del sistema de salud público: gente que va a los centros de salud barriales, a los hospitales públicos, que no usan una cobertura de hospitales o clínicas privadas.
Sobre esto último, Martín Passini, licenciado en Psicología y parte del Observatorio de Salud Mental y de Derechos Humanos que monitora las prácticas y políticas públicas en Córdoba, indica que la propuesta electoral, como la que impulsa el candidato libertario, Javier Milei, “que plantea un retroceso del Estado como garante de salud”, implica continuar con el “desfinanciamiento” de los hospitales, del subsistema público de salud, “significaría dejar a la intemperie a ese 35% de la población del área Gran Córdoba o a nivel nacional, a 16 millones de argentinos y argentinas que no cuentas con acceso a la atención privada en materia de salud”.
“Nosotros estamos muy preocupados por lo que esto puede significar y es muy difícil el impacto que podría tener en toda esta población”, dice Passini y agrega: “En el caso de las personas usuarias del servicio de salud mental, de personas con padecimientos mentales, venimos hace muchos años demandando que las leyes nacional y provincial de salud mental, siguen sin implementarse como debiera hacerse”.
Para el licenciado que también forma parte de la organización de la Marcha por la Salud Mental, en este contexto electoral, la sociedad se enfrenta a algo mucho más grave, a la posibilidad de que las personas tampoco tengan ningún tipo de acceso a lo que hoy existe: “Si no se va sostener más el sistema público de salud, se dejaría sin cobertura, sin posibilidad de atención a una gran parte de la población, implicaría, en caso de las personas usuarias, la exclusión permanente y definitiva. Y para muchas personas usuarias implicaría vivir en las calles”.
Según Passini, ante un proyecto político de un posible gobierno que limite y afecte los derechos generales que debe garantizar el Estado como la salud, a la educación, el trabajo, la inclusión, “definitivamente también va a afectar a la salud mental de las mayorías”.
“Esto va a ser un círculo vicioso entre malestares individuales, malestar colectivo, profundización de estigmas sociales y profundización de desigualdades", detalla y cierra: "Una cosa que nos dejó bien en claro la pandemia, es que la salud mental es una problemática social, no es una condición o una serie de patologías individuales. Es decir, está atravesada por las condiciones materiales, culturales, simbólicas y sociales en las cuales vivimos las poblaciones”.
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