El director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przbilzki envió una nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia, Domingo Sesín, a fin de manifestarle su preocupación ante “una serie de situaciones que estarían vulnerando derechos de las víctimas, testigos y familiares" en el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Cruz del Eje por el crimen del joven Joaquín Paredes.

El funcionario advierte que estas situaciones también ponen en riesgo la legalidad del proceso judicial, "además de generar situaciones propias de la violencia institucional en un juicio que justamente juzga ese tipo de conductas”.

Przbilzki se comunica con el TSJ a partir de un informe que elaboró la licenciada Natalia Fernández, integrante del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que interviene en el juicio como veedora. Recuerda el funcionario que dicha Secretaría se ha presentado ante el Tribunal como Amicus Curiae. 

El informe de Fernández advierte que "el despliegue de un gran operativo de seguridad dentro y fuera del edificio de Tribunales con personal policial, de la DUAR y de Infantería" genera "amedrentamiento y sensaciones de amenaza a quienes están acompañando el desarrollo del juicio (familiares, jóvenes víctimas, organizaciones, etcétera)".

Asimismo, precisa que el primer día de audiencia, "personal de infantería interceptó en las inmediaciones del edificio a un joven de 18 años víctima testigo mientras se dirigía a comprar a un kiosco cercano, interrogándolo sobre qué hacía en el lugar y a dónde se dirigía, mientras lo sujetaba de la remera ahorcándolo, según refiere el joven".

También señala la profesional que "desde el Tribunal no se han arbitrado medidas necesarias para generar un espacio cuidado que evite el cruce permanente en las instalaciones de los Tribunales (entrada y salida de edificio, pasillo central, baños) entre las víctimas, los familiares de las víctimas y los imputados, generando situaciones de tensión e intimidatorias para con los familiares de Joaquín Paredes y los jóvenes".

Incluso señala que "la madre de la víctima fatal, mientras esperaba a que finalizara un cuarto intermedio, tuvo que soportar que uno de los imputados se acercara a ella para darle el pésame".

Cuestiona además dificultades en la llamada "Sala Espejo" en la que las audiencias se transmiten en simultáneo: "Dicho espacio es custodiado por personal policial y está reservado para familiares tanto de las víctimas como de los imputados, medios de comunicación que cubren el desarrollo del juicio y público en general. En este contexto se han evidenciado dificultades y cambio de criterios para el ingreso a la sala espejo, obturando especialmente la participación de los jóvenes no testigos o de aquellos que, ya habiendo atestiguado, se encontraban en condiciones de presenciar las audiencias en dicha sala".

Y cuestionó un "trato desigual por parte de la policía ya se trate de asistentes por parte de las víctimas o de los imputados, en relación a criterios de convivencia en dicho espacio (no uso de teléfonos celulares, inhibición de expresiones que puedan incomodar y/o generar alguna tensión). Por caso, el primer día de audiencia, al advertir que una familiar de uno de los imputados filmó con su teléfono al público que asistía por parte de las víctimas, di aviso al efectivo policial que custodiaba la sala, quien no tomó medida alguna más que intimarme a realizar una denuncia si consideraba que eso constituía un delito".

Apunta críticamente también que los testigos, en especial los jóvenes víctimas, algunos de ellos menores de edad, son llamados a declarar y recién pasan al recinto tres o cuatro horas después, "quedando en ese lapso sin acompañantes y esperando con los policías afectados a la tarea en esa sala de espera"; y que a la hora de declarar, "pese a la solicitud expresa de los jóvenes víctimas testigo de que retiraran de la sala a los efectivos policiales imputados (5 de los 6 en libertad y habitando en la misma localidad o localidades aledañas que los jóvenes), el Tribunal priorizó el derecho de los imputados a permanecer en la sala (aun cuando pudieran quedar representados por sus abogados defensores) por sobre la situación de vulnerabilidad que afecta a los jóvenes en su testimonio según refieren a posterior (nerviosismo, temor, angustia, intimidación)".

"Lo sistemático y reiterado de estas situaciones constituyen lo que entiendo es una violación a las obligaciones de no revictimizar. Frente a la reactualización traumática que produce el hecho de ser testigo víctima, es obligación de la Justicia generar las garantías para coadyuvar a que cese la extensión del daño sufrido por estas víctimas", subraya Fernández y sugiere que las autoridades adopten las "medidas de resguardo del derecho de las víctimas en la tramitación de proceso judicial".

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