“En Córdoba y en el país no hay una capacitación en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial sobre los avances normativos”, dice Laura Guzmán de Feministas Cannábicas Córdoba que forma parte del Frente de Organizaciones Cannábicas de Córdoba. 

De este modo, expresa la situación actual que atraviesa el cannabis en nuestro país: hay progresos en la normativa, pero todavía falta, y esa falta muchas veces se expresa en más clandestinidad.

“Adonde vayamos depende quien nos toque es que nos pueden imputar, demorar, quitar nuestra materia, que puede haber un allanamiento, que no sepan de la ley y esto es grave”, señala.

La situación en Argentina

En Argentina, existe la ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados. Recientemente, Diputados aprobó la ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.

De la ley depende el REPROCANN, una base de datos diseñada para poder registrar a personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis. Sobre esto, Guzmán expresa: “Es una herramienta ganada por las organizaciones cannábicas y que permite mejorar el acceso a un producto seguro y de calidad”.

Sirve tanto para quienes necesitan de la planta de cannabis como para quienes cultivan. Esto les permitió salir de los espacios de clandestinidad desde dónde venían respondiendo a personas que demandaban para tratamiento medicinal.

Sin embargo, mencionan que ha habido casos de allanamientos a pacientes y cultivadores. Además, todavía falta el acceso público para que en los dispensarios y hospitales se pueda adquirir de manera gratuita.

“La ley vigente continúa persiguiendo”

Uno de los principales reclamos frente a una nueva Marcha Mundial de la Marihuana es la regulación de una nueva ley de drogas y la derogación de la ley 23.737. Al respecto, desde Feministas Cannábicas, sostienen que quitar el cannabis del listado de drogas peligrosas les permite salir de la clandestinidad.

“La prohibición tiene una contracara que es el punitivismo de quienes cultivamos, somos usuaries o trabajamos con la planta de cannabis. Esta persecución del narcomenudeo no contribuye a mejorar la salud pública ni siquiera la calidad de vida de nadie. La ley vigente continúa persiguiendo e imputando a cultivadores y usuarios de la planta de cannabis”, afirma.

En Córdoba, el 5 de mayo de 2021 la Legislatura adhirió a la ley 27350 pero, un año después, esta normativa continua aún sin reglamentarse.

“Significa que no hay ningún organismo estatal trabajando ni capacitando a nadie para el acceso a la atención pública en la temática”, expresan y aseguran “que la demora es de carácter político y determina una posición clara por parte del gobierno provincial”. En este sentido, piden más vinculación con las organizaciones civiles y plantean la posibilidad de pensar el desarrollo de la industria de cannabis local.