Agresiones al Congreso: procesaron a seis acusados por tirar piedras
Cabe recordar que los adoquines arrojados durante las protestas simultáneas al debate del acuerdo con el FMI, impactaron en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a seis personas acusadas de arrojar piedras que causaron daños al Congreso de la Nación durante las protestas por el acuerdo con el FMI.
La magistrada dispuso los procesamientos por delitos que no son de los más graves del Código Penal, intimidación pública y daño calificado, pero en la descripción de los hechos rozó la calificación de asociación ilícita.
La jueza sostuvo que "ninguna de las conductas que se les reprochan (a los seis imputados) aparecen como espontáneas o carentes de finalidad".
En ese contexto, habló de una "división de roles", uno de los elementos típicos de la asociación ilícita.
Además, mencionó "una coordinación basada en un acuerdo previo dirigido a suscitar tumultos y/o desórdenes, entre las personas que asistieron el día de los hechos a las inmediaciones del Congreso de la Nación", definición que también encuadra en la figura de la asociación ilícita.
Los procesados, sobre quienes pesan además embargos de seis millones y medio de pesos, son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés. Los procesamientos no incluyen la prisión preventiva.
La jueza entendió que "fue el Palacio Legislativo el cual resultó afectado por las conductas aquí investigadas, alcanzado esa afectación la suma de 6,2 millones de pesos,- en base a la estimación provisoria efectuada por la Secretaria Administrativa del Honorable Senado de la Nación".
Capuchetti aceptó como querellante al Senado de la Nación en su conjunto, después de que un fallo de Cámara rechazara a la presidencia, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, en ese rol.
El despacho de la vicepresidenta fue el principal afectado por las pedradas lanzadas por los manifestantes.
Fuente: Noticias Argentinas
Noticia relacionada
Te puede interesar
En el primer semestre del año hubo 128 femicidios: una mujer fue asesinada cada 34 horas
La abogada Victoria Aguirre, vocera Nacional del Observatorio de Mumalá, señaló que la mayoría de víctimas no pudo realizar la denuncia por el cierre de espacios de acompañamiento.
Ciberpatrullaje en marcha: imputaron a un hombre por amenazar a Bullrich por Facebook
En la supuesta amenaza el acusado hacía referencia al asesinato de un trabajador en la frontera, que recibió el disparo de un gendarme, ocurrido en diciembre del 2024. Según el expediente el mensaje fue enviado tras la militarización del paso entre Salta y Bolivia.
YPF subió 3,5% los precios de sus combustibles y desde este martes aplica precios diferenciados
Con el inicio de julio se concretó un aumento del 3,5% en los precios de la nafta y el gasoil. Parte del incremento responde a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que implementó la Nación.
Kicillof cuestionó el fallo contra YPF: "Es una intromisión intolerable sobre nuestra soberanía"
"Lo más peligroso es que el propio Presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger", expresó el mandatario sobre la reacción de Milei tras el fallo de Estados Unidos.
La Justicia estadounidense ordenó que Argentina ceda el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio
La Justicia estadounidense ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.
Revés para Milei: declararon inconstitucional el DNU que limitaba el derecho a huelga
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, que ampliaban las restricciones al derecho de huelga al redefinir qué sectores debían considerarse "servicios esenciales".