Ante diputados nacionales, estudiantes universitarios imputados tras las protestas por la educación pública de 2018 expusieron este martes y convocaron a marchar bajo la consigna “Por la absolución de los 27”. Se trata de algunos de los estudiantes de la UNC que en 2018 participaron de las protestas en defensa de la educación pública, y que afrontan la imputación del supuesto delito de “usurpación por despojo”, en el marco de la toma pacífica del Pabellón Argentina.

La audiencia contó con la presencia de los diputados nacionales Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano, y la adhesión de su par Pablo Carro. También participaron estudiantes rionegrinos procesados en el mismo marco, un contexto de reclamo nacional ante el ajuste en educación que por esa época llevaba adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

En el encuentro se repudió la elevación a juicio de la causa, que al decir de Del Caño, “en la Córdoba de la Reforma esto es una vergüenza”. Para el diputado nacional, la acción de los estudiantes se enmarca “en la tradición de la acción directa de los reformistas”, y el accionar de los universitarios en 2018 “frenó el ataque a la Educación Pública”.

“No es casual que la Justicia avance contra este derecho elemental a la protesta en medio de una crisis social, económica y sanitaria” completó, en crítica abierta a los fiscales federales Graciela López de Filoñiuk –jubilada- y Maximiliano Hairabedian, y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, que comandan el proceso.

En la misma línea, la concejala mandato cumplido Laura Vilches señaló que se trata de “la misma justicia patriarcal que no escucha a las mujeres, que encubre a las fuerzas de seguridad que asesinan con el gatillo fácil o el femicidio, la que en plena pandemia avanzó velozmente contra los estudiantes”. “Es nuestra obligación salir a lucha contra la judicialización y la persecución a estudiantes por luchar”, completó, al convocar a la marcha que este jueves se desarrollará desde las 17 en Colón y Cañada.

A su turno Candela Guzmán, una de las universitarias procesadas, denunció que se trata de un intento de “disciplinamiento” a quienes luchan por demandas educativas. “Pedíamos becas y raciones del comedor para que nadie se quede sin su derecho a estudiar”, graficó y saludó que el reclamo por la absolución “ha logrado el apoyo y adhesión de cientos de docentes, varios decanatos, sindicatos y organizaciones sociales”.

También participaron del encuentro virtual referentes de la Gremial de Abogados, del Ceprodh y la dirigente de Correpi María del Carmen Verdú, entre otros.

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