Lesa humanidad: tras los alegatos, las audiencias retornarán el 4 de febrero
Durante casi dos horas y media, este lunes se desarrolló la última audiencia de 2020 del 12º juicio de lesa humanidad en Córdoba, el proceso que busca echar luz acerca de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. La jornada tuvo como protagonistas a los defensores oficiales Natalia Bazán y Juan Carlos Belagardi, que representan a varios de los 18 imputados que tiene el proceso.
Coincidiendo ambos letrados en los numerosos pedidos de absolución presentados por el fiscal Maximiliano Hairabedian –incluso este lunes sumó otros, por el hecho denominado 4-, Bazán y Belagardi solicitaron se libre de culpa y cargo a sus defendidos, ex militares, ex policías y ex agentes de inteligencia, por argumentaciones coincidentes.
Inició su alegato Bazán pidiendo que se extinga la acción penal y que no se aplique la figura de desaparición forzada, por ser posterior a los hechos la adhesión de Argentina a la convención internacional sobre el tema. La letrada dijo además que “este juicio representa una violación más al plazo razonable”, consideró que “todos los hechos podrían haber sido juzgados en un solo proceso” y señaló que varios de sus asistidos ya tienen condenas a prisión perpetua. “Seguir haciéndolos desfilar por estos juicios, la defensa cree que es una pena de banquillo, es someterlos a una incertidumbre permanente de juzgamiento”, dijo, y acusó que “esta causa tuvo una demora por la negativa a apartarse del juez instructor”, en referencia al juez federal nº3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La abogada criticó a la fiscalía por acusar en hechos en los que “ni siquiera se sabe dónde terminaron las víctimas”, habló de “ineficacia en la persecución penal” y dijo que “es imposible saldar ese vicio de nulidad”. También consideró que algunos de los testigos que pasaron por la sala en las audiencias que iniciaron el 9 de septiembre tuvieron “memoria traumática”. Y puso el dedo en la llaga cuando inquirió sobre la detención del matrimonio compuesto por Adrian Ferreyra y María del Carmen Pietri en la comisaría del Cruz del Eje: “¿Alguien se preguntó si Hugo González, el jefe de la comisaria, o Senén Rozas, que era el jefe de Meira, pudo estar en ese lugar?”.
Con esto, intentó desligar del hecho a su defendido Arturo Grandinetti, y dejó traslucir el nulo avance que significó el juicio para esclarecer cómo funcionaba la comisaría cruzdelejeña o qué rol tuvo el Grupo de Artillería 141, del que dependía el otro imputado por ese caso, durante el terrorismo de Estado.
Tras ella, el defensor Juan Carlos Belagardi dijo que sobre sus defendidos “no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de los gravísimos delitos que se les imputan” y señaló que el destacamento de Inteligencia 141 “no tuvo nada que ver con lo sucedido en La Perla, más allá de llevar información a la puerta de entrada y traerla”. También criticó “el copia y pegue de la fiscalía instructora” y para referirse al relato de algunos testigos, se permitió una licencia: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”. También dijo que “la memoria es como Wikipedia, que la gente pone información y saca información, y esa memoria ya no es la misma”.
Belagardi repasó los casos en los que están acusados sus defendidos y marcó un contrapunto con el fiscal Hairabedian, al señalar que “todos estamos de acuerdo en la ilegitimidad de privar la libertad por averiguación de antecedentes”. Bajo ese argumento que refiere al marco legal que la propia dictadura instauró en la época, el acusador pidió la semana pasada la absolución de dos imputados.
Las audiencias por las causas Diedrichs/Herrera proseguirán el 4 de febrero próximo, según lo dispuso este lunes el tribunal Oral Criminal Nº1.
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