El Gobierno publicó este martes el protocolo para el "ciberpatrullaje", que apuntará a rastrear en las redes sociales posibles delitos como actividades no permitidas durante la cuarentena general, comercialización de medicamentos apócrifos y que aseguren curar el coronavirus.

A través de la Resolución 144/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó el "Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas".

El objetivo es regular "las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad", pero en "medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas".

Es decir, el ciberpatrullaje consistirá en hacer un relevamiento de las publicaciones abiertas que se hagan en distintos tipos de redes sociales y que puedan configurar un delito.

Principalmente, las tareas apuntarán a evitar la comercialización y distribución de medicamentos truchos y de insumos sanitarios críticos; la venta de presuntos remedios con referencias al COVID-19; y los ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente a hospitales y a centros de salud.

También tratará de determinar posibles violaciones a la emergencia sanitaria, como por ejemplo el rompimiento de la cuarentena general.

Pese a estar enfocadas en eventuales delitos en el marco de pandemia de coronavirus, el accionar de las Fuerzas de Seguridad nacional también podrá establecerse para otras situaciones como trata de personas; narcotráfico; lavado de dinero; terrorismo; violencia de género; grooming; y pornografía infantil.

La cartera conducida por Sabina Frederic remarcó que las tareas de ciberpatrullaje "cuidarán de no implicar una afectación a la libertad de expresión" y buscarán "evitar el autocontrol discursivo y la autocensura" para así preservar "el debate plural y el intercambio democrático de las ideas".

Además, el protocolo establece que el material que no haya sido utilizado para realizar denuncias a la Justicia será destruido y afirma que "se propenderá a la publicación regular de la información relacionada con la cantidad de casos y personas prevenidos junto con la duración de dichas actividades; las redes sociales y sitios web en general que fueron relevados; y las herramientas y las metodologías utilizadas".

El texto publicado establece expresamente que no se podrán hacer seguimientos "sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Tampoco se podrán "utilizar fuentes digitales abiertas para monitorear y observar detenidamente individuos o asociaciones, como así también para obtener información sobre cualquier acción que implique el ejercicio de los derechos a la protesta social y a la disidencia política".

En abril pasado, Frederic había señalado en una teleconferencia con la Comisión de Seguridad Interior de Diputados que las fuerzas realizaban tareas de "ciberpatrullaje" en redes sociales "para detectar el humor social" en algunos lugares donde pudieran cometerse delitos en el marco de la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus.

Los dichos de la ministra fueron cuestionados por la oposición, que advirtieron que "auscultar el humor social desde el Estado como así también la opinión pública es una actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia".

Tras la polémica, la ministra de Seguridad había aclarado que se apuntaba a rastrear en las redes sociales posibles publicaciones que llamaran a cometer saqueos o romper la cuarentena.

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