El Diputado Nacional Pablo Carro presentó en la tarde del miércoles un Proyecto de Resolución en el que se solicita aumentar los controles sobre las empresas periodísticas denunciadas en los últimos días por violar los convenios colectivos de trabajo a través de suspensiones, despidos o recortes en los salarios.

En el proyecto presentado se propone que el Ministerio de Trabajo priorice acciones de control a empresas periodísticas y de comunicación que han sido beneficiadas con programas de asistencia a partir de la pandemia o sean proveedores del Estado.

El proyecto parte de reconocer que algunas de esas empresas están produciendo tomando decisiones que afectan los derechos de sus trabajadores a partir de suspensiones y recortes salariales, identificándose incluso algunos despidos en tiempos en los que rige un decretao presidencial que impide ese tipo de acciones.

En la presentación, que también lleva las firmas de las diputadas del Frente de Todos Gabriela Cerruti, Victoria Rosso y Mónica Macha, se hace referencia a “la denuncia que han realizado los trabajadores a través de FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) sobre abusos patronales, como los casos de la revista Pronto a cargo de la editorial Publiexpress (Grupo Lerner), con el intento de cierre fraudulento de su publicación a la par de estar imprimiendo materiales gráficos educativos encargados por el Ministerio de Educación. O el ajuste del Diario Popular (a través de un procedimiento preventivo de crisis), la Editorial Atlántida y el multimedios de La Prensa, La Capital y La Voz de Tandil intentando reducir los salarios”.

Además, en el texto que acompaña el proyecto de resolución se reconocen “las situaciones en las que se desenvuelve el periodismo”, en las que “también muestran casos de abusos en las formas de vinculación con los trabajadores a través de figuras de monotributistas o tercerizados, con el colmo de Diario Época de Corrientes, donde se registra un solo trabajador en relación de dependencia”.

Por ese cúmulo de razones, entre las que también se contempla el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras del sector, “cercana al 50% de acuerdo a diversas fuentes académicas y sindicales”, el diputado cordobés que preside la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja solicita “priorizar el contralor del cumplimiento de las normas en todas aquellas empresas que por las múltiples vías dispuestas por la actual administración han solicitado asistencia del Estado durante la pandemia, atento a defender los derechos de los trabajadores, que son los eslabones más sensibles de la cadena de valor”.

Repudio del Cispren a la decisión del Diario Clarín

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) repudia la decisión del Diario Clarín de Buenos Aires de fraccionar el pago de salarios del mes de abril, anunciando que abonará el sueldo a sus trabajadores en dos cuotas.

“La actitud de la empresa periodística más importante del país, no respetando sus obligaciones de cumplir con el pago a sus trabajadores y trabajadoras en tiempo y forma, enciende una luz de alerta para quienes se desempeñan en los medios de Córdoba”, asegura un comunicado difundido este miércoles.

“No es descabellado inferir, en estos momentos de alta presión al Gobierno Nacional de parte del poder económico concentrado, que se trate de una punta de lanza para forzar beneficios o exenciones aprovechando la pandemia del coronavirus. No será la primera vez que se actúa de esa manera, y en Córdoba lo sabemos perfectamente a juzgar por cómo se desenvuelven coordinadamente los representantes de los medios más poderosos en la Mesa Paritaria toda vez que se discuten las nuevas escalas salariales”, denunció el sindicato cordobés.