Agricultura familiar: “Es una política de Estado no acompañar al campesinado”

En el Día de la Lucha Campesina, ATE impulsó un paro nacional desde la Secretaría de Agricultura Familiar en reclamo de la reincorporación de todos los trabajadores dejados en la calle durante estos últimos años y además, elevó un pedido por una “agricultura con agricultores”. En Córdoba, dado el desmantelamiento dentro de la Subsecretaría, la protesta tiene un carácter prácticamente simbólico: “Quedamos muy debilitados después de tantos despidos”, contaron desde la sección local. 

 Entre enero y agosto de 2018, en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Córdoba (SsAF) fueron despedidos 23 técnicos territoriales que asesoraban en sus trabajos a los pequeños productores que viven en distintas zonas rurales de la provincia. Entre ellos, se quedó sin trabajo la referente territorial del Registro Nacional de Agricultura Familiar, Nila Busso, ingeniera agrónoma con más de 22 años de experiencia en el área. Estas cesantías fueron la estocada final tras un recorte a cuenta gotas que empezó en 2016.

El trabajo que hacían los técnicos era, básicamente, el acompañamiento en los procesos productivos y organizativos, incluso en la formulación de proyectos, se trataba de una asistencia integral enfocada en los agricultores familiares, repartidos en siete regiones de la provincia.

Los técnicos hacían talleres para la instalación de cisternas de almacenamiento de agua de riego o asesoramiento en la poda de frutales, hasta la elaboración de bokashi, una especie de abono orgánico e incluso la producción de sus propias semillas para el cultivo.

Acompañar al pequeño productor

De manera puntual, un técnico en el territorio, es el nexo entre las políticas públicas que generan los Estados Nacionales o provinciales con estas familias.

Hoy, tras el feroz vaciamiento, en Córdoba solo quedaron activos siete técnicos para un volumen de 10.000 pequeños productores que trabajan la tierra.  Hay zonas que quedaron sin ningún tipo de asesoramiento formal del Estado.

“Córdoba fue la provincia donde hicieron una masacre en el sector, en otras los coordinadores de las subsecretarías "pelearon" por los trabajadores pero acá, nosotros fuimos con Juan Pablo Vecchi, -el coordinador designado por el Gobierno-, la prueba piloto de cómo hacer desaparecer una subsecretaría”,  cuenta a La Nueva Mañana, Belén Agnelli, ingeniera agrónoma y una de las últimas despedidas de la SsAf, tras 19 años de trabajo.

“Entre los más viejos que despidieron llevábamos entre 18 y 25 años trabajando ahí. Luego hubo otros despedidos con menos años de actividad. No pesó para nada la antigüedad y el trabajo, ni la experiencia”, dice la ingeniera y agrega que el “vacimiento” empezó en 2016 apenas asumió el Gobierno. Para Agnelli, “es una política de Estado no acompañar al campesinado”.

En enero de 2016 había en la SsAF de Córdoba alrededor de 60 técnicos y hoy permanece activo solo el 11% de todos esos trabajadores que hacían territorio recorriendo las distintas zonas de la provincia.

“La particularidad que tenía Córdoba es que la mayoría de los técnicos, éramos gente asentada en el interior, en zonas rurales, cerca de donde vivían los productores y productoras”, explica Agnelli y relata que conseguir trabajo en esas zonas, de lo que ellos hacían, es bastante complicado porque, por lo general, "son lugares marginales donde ningún productor vecino puede pagar una asistencia técnica ni contratarnos de alguna manera".

“Fue bastante complejo el último tiempo pese a que hemos seguido la lucha gremial y judicial”, lamentó la técnica que habita en Villa de Soto y cuando trabajaba en la SsAF cubría con su trabajo parte del departamento de Cruz del Eje. Una zona donde solo llegaba la ayuda del acompañamiento en los procesos organizativos de los campesinos, por parte de los técnicos de la Subsecretaría y los proyectos de extensión del Inta, que ahora también fueron limitados.

“Con los técnicos que éramos parte del Movimiento Campesino hubo una saña en particular”, relata Agnelli y detalla que hasta el momento desde el Gobierno, a los despedidos les realizan “monitoreos” de proyectos que se hicieron en 2014. “No solo fueron despidos, sino que hay persecución”.

"Una merma en los derechos"

Entre los despedidos también está Facundo Sarry, que vive en Villa Dolores, es el único delegado de ATE que todavía, pese a que la ley lo ampara, no fue reincorporado: “El trámite se va moviendo pero los tiempos son muy lentos, sobre para alguien que tiene que vivir de su trabajo”, indica el técnico mientras espera la resolución del juez.

Respecto al impacto del vaciamiento en la Ssaf de Córdoba, el ingeniero agrónomo  indica que tiene mucho impacto en cuanto a  las posiblidades de los campesinos.  "En mi opinión, hubo una merma en los derechos, acceso al agua, educación y sobre todo la alimentación", dice el técnico territorial y agrega que pese a las críticas que se le hizo en su momento, hubo un Estado hace años que promulgó una ley de Agricultura Familiar y reparación histórica, "donde la gente se podía jubilar como agricultor familiar, para formalizar su profesión. Incluso servía para recabar datos de esta actividad pero mucho de esto no está más".

"Para poder tener una política aplicada al sector hacen falta los datos", dice Sarry en cuanto a las posiblidades de mejoras en la vida rural y agrega: "Uno sigue relacionado con los campesinos, vinculando a la gente, porque estamos conectados a las organizaciones y tenemos convicción, estamos convencidos de lo que hacemos".

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