"Homicidio por precio": empieza el juicio por un crimen que supuestamente fue encargado desde la cárcel
Este viernes, desde las 9, comenzará a desarrollarse en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6a. Nominación el juicio oral por la muerte de Daniel Enrique Coria el 15 de febrero de 2023 en un descampado de Bajada de Piedra y Ramón Mestre de esta capital.
El hecho está caratulado como homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, en referencia a un presunto crimen que fue encargado desde la cárcel de Cruz del Eje.
La causa tiene como imputados a Carlos Daniel Figueroa, Matías Gabriel Palacios, Héctor Oscar María Figueroa, Michael Joel Figueroa, Martín Ezequiel Silva y Pablo Mario Silva.
El tribunal estará integrado por los camaristas Pablo Brandán (presidente), Enrique Buteler y Esteban Díaz Reyna y por jurados populares. También participará de las audiencias, en carácter de querellante particular, la madre de la víctima, Rita Ramona Josefa Carrizo.
Según la acusación, en febrero del año 2023, desde el Establecimiento Penitenciario Número 2 de Cruz del Eje, donde se encontraba alojado, el acusado Pablo Mario Silva le encomendó la muerte de Coria a los coimputados Carlos Figueroa, Héctor Figueroa y Michael Figueroa, a cambio una suma de dinero.
La ejecución del crimen se habría producido unas horas después del encargo, en un basural ubicado en barrio Parque del Este, de la ciudad de Córdoba, presumiblemente mediante un arma de fuego.
Luego del deceso, los imputados habrían incendiado el cuerpo de la víctima a fin de hacerlo desaparecer. Unos días después del hecho, Martín Silva le habría hecho llegar el dinero a familiares de los imputados Figueroa (puesto que ellos ya estaban detenidos) y además habría retirado las armas utilizadas en el crimen.
Explicaron desde el Poder Judicial de la Provincia que por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juicio se desarrollará a puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad. "Este requerimiento se funda en la necesidad de preservar la seguridad y la integridad personal de los ciudadanos que integran el jurado popular, como así también de las personas que serán citadas a declarar en el debate como testigos", indicaron.
El tribunal además prohibió el registro audiovisual de imágenes que reproduzcan los rostros o cualquier otro rasgo que permita identificar a integrantes del jurado popular, testigos y víctimas.
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