El plenario de comisiones de Diputados comenzó este martes con la primera de una serie de audiencias públicas destinadas al debate del proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. El encuentro fue convocado por Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda

En la apertura, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada nacional Gabriela Burgos, afirmó: “Es histórico que hoy estemos reunidos para avanzar en esta temática”. En tal sentido, aseguró que “son fundamentales los cambios de paradigmas en el abordaje de esta problemática”.

La presentación del proyecto comenzó con la exposición de Martín Casares, jefe de Gabinete del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. "Proponemos un sistema de responsabilidad penal juvenil que viene a suplir una deuda histórica de más de 39 años. Es un sistema completo integrado por 100 artículos”, detalló.

“El proyecto de ley propone un abordaje integral de la problemática, introduce alternativas de inserción social y hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente en el proceso”, puntualizó Casares.

“Una de las bases del proyecto es la creación de un sistema penal juvenil que hoy no existe en la Argentina a nivel federal”, resaltó. Además, Benítez expresó: “Se necesita una Justicia especializada, ya que el abordaje debe ser diferente del que se da con los adultos”.

Además, la norma prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de quince años de prisión. En ese sentido, el funcionario indicó: “Creemos que es una propuesta razonable dentro de las edades de responsabilidad penal juvenil”. "Con esta ley buscamos una respuesta penal adecuada para los niños y adolescentes que cometieron un delito”, afirmó el funcionario.

“La represión debe ser reemplazada por la reinserción social”

La reunión informativa continuó con la exposición de varios especialistas, representantes de ONG´s, organismos internacionales, investigadores y otros invitados quienes brindaron su postura sobre el proyecto.

Silvina Paz, de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, pidió “agregar un protocolo de actuación”, ya que “es necesario recuperar a la víctima, fortalecer la responsabilidad subjetiva de la persona, y reparar los daños causados”.

Por su parte, Silvia Guemureman, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), manifestó su opinión “fundamentada por la intención de producir mejores estándares de derechos”.

En la misma línea, sugirió que “la propuesta del Ejecutivo se fusione con otras propuestas”, y explicó que hasta el 2017 “ha contabilizado más de 100 proyectos presentados”.Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, Guemureman sostuvo: “Fijar una barrera de edad es una decisión en términos de políticas criminal”. “Es donde el Estado se arroga el derecho de poner el límite y la línea divisoria”, cuestionó.

Entre los expositores estuvo también presente Luisa Brumana, representante de Unicef en la Argentina, quien pidió “garantizar condiciones de vida digna” y aseveró que “la represión y el castigo deben ser reemplazados por la reinserción social de los adolescentes”.

“Un sistema de justicia juvenil tiene que ser especializado y los Estados deben tomar medidas para promover leyes específicas para abordar el tema de los conflictos de los adolescentes con la ley penal”, describió.