El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó por el delito de supuesto prevaricato a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Highton, Rosatti y Rosenkrantz– que votaron por la aplicación del cómputo 2x1 para Luis Muiña, un represor condenado por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

La causa deberá ser resuelta por el juez Daniel Rafecas. Marijuán le solicitó que abriera la instrucción luego de una denuncia presentada por Marcelo Parrilli, quien había presentado una denuncia penal contra los jueces.

Rafecas fue elegido por sorteo y será quien defina si acepta el pedido o no del fiscal y avanza con la instrucción de la causa.

El prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, en este caso tres jueces, dictan una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, con conocimiento de que dicha resolución es injusta. El delito es comparable al incumplimiento de los deberes de servidor público. El mismo está sancionado por el Derechi penal.

Es la primera denuncia que ingresa a la Justicia luego de la firma del polémico fallo que provocó un amplio repudio por parte de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad.