Denuncian a funcionarios de Tucumán por obstaculizar un aborto no punible
Organizaciones feministas y de Derechos Humanos denunciaron este miércoles en la Justicia a la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y al secretario del área, Gustavo Vigliocco, por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público". Es por el caso de Lucía, la nena de 11 años violada por la pareja de su abuela, que pidió una Interrupción Voluntaria del Embarazo y fue sometida a una cesárea.
También se denunció a Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón donde la pequeña estuvo internada, y a la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plantel se declaró "objetor de conciencia" y se negó a participar de la intervención.
La denuncia fue presentada por las abogadas Eli Gomez Alcorta y Gabriela Carpineti en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, junto a su mamá, exigieron el cumplimiento de la ley pero los funcionarios "por acciones u omisiones no le permitieron la interrupción legal del embarazo violando así la Constitución Nacional y las leyes", según relata la denuncia.
"Son varios los funcionarios y funcionarias del poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Tucumán que incumpliendo las normas nacionales e internacionales impidieron y obstaculizaron la interrupción legal del embarazo lo que implica, además de la comisión de un delito, la grave violación a los derechos de la niña que fue abusada", expresó Gómez Alcorta.
La investigación será llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Complejos N°2 a partir de la denuncia de las organizaciones Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.
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