En octubre se viralizó un video en el que se observa a efectivos de la Gendarmería requisando mochilas y carteras de pasajeros que iban a bordo de un colectivo de la línea 22. Las imágenes despertaron indignación en la sociedad al punto tal que se organizaron movilizaciones, acciones frente a la Legislatura provincial y la presentación de un hábeas corpus por parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.

Finalmente, este viernes el Juzgado de Control Nº 1, a cargo de Gustavo Hidalgo, dictaminó que los controles de Gendarmería son legales y que se realizan en el marco de operativos de seguridad, por lo que se advierte que las requisas deben ser implementadas de forma estricta y justificada.

De esta manera, se dio vía libre al acuerdo entre la Nación y la Provincia en materia de Seguridad. Por su parte, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos adelantaron a La Nueva Mañana que apelarán el dictamen en los próximos días. Piden, además, tener acceso al convenio firmado porque aún "no se conoce".

Según la mesa, las requisas de la fuerza federal "afectan la libertad de personas que se identifican, como los pasajeros y pasajeras que se trasladan en transporte público. Además les revisan sus carteras y mochilas sin causa ni orden judicial". Aseguran que esas prácticas afectan la libertad y la seguridad pública.

Con la apelación buscarán "impedir actos ilegales que intentan atemorizar la vida de los cordobeses" a través de la presencia de Gendarmería en los espacios públicos de libre circulación, "siendo que estamos en plena democracia".

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