El Gobierno se prepara iniciar en septiembre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo acepte un "waiver" (perdón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en el acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%.
Como argumento que se utilizaría es que impidieron ese objetivo por las exigencias del propio FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las Lebac y la imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero aportado.
Según las autoridades argentinas, la presión devaluatoria provocada por ambas medidas negociadas con el organismo que dirige Christine Lagarde fue la principal causa del alza de los precios desde mayo de este año hacia delante; aun por encima de la presión de los aumentos de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y el transporte.
Según refleja Ámbito.com, el alza de la divisa tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa en el incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil de entender desde el exterior.
Incluso el macrismo comprendió que una devaluación implica una inevitable alteración ascendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los números inflacionarios que maneja el ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne y el Banco Central de Luis Caputo, aún son optimistas, y hablan de la pelea cuerpo a cuerpo para sostener el 32% final.
Sin embargo ya son varios los funcionarios, incluyendo los aún poderosos hombres de la jefatura de Gabinete de Marcos Peña, que comienzan a escuchar las voces de los economistas privados que hablan de un 34% seguro y la posibilidad de romper la empalizada del 35% anual.
Inevitablemente esto implicaría no cumplir con una de las metas fundamentales del acuerdo con el FMI, y la obligación de negociar un perdón que incluya no sólo la variable inflacionaria sino además la de crecimiento. Según lo firmado, este año el país debería crecer 1%, y desde la Casa de Gobierno ya hay cierto convencimiento pesimista que este año volverá a cumplirse la maldición de los años pares. Esto es, una caída en la actividad económica similar a la del 2014 y el 2016.
El incumplimiento de esta meta es asumido por el Gobierno de Mauricio Macri, en parte, por la crisis turca y, en parte, culpando las "esquirlas" de la causa de "las fotocopias de los cuadernos". El problema es la interpretación del incumplimiento del 32%.
Hacienda y el BCRA quieren que desde Washington se comprenda que fue la última imposición del FMI la que hizo trizas la posibilidad de sostener el 32% final.
Obviamente, ni en Buenos Aires ni en Washington, gusta hablar de un "waiver" a menos de un año de iniciado el acuerdo de reinicio de las relaciones crediticias entre el FMI y el país. Sin embargo, peor sería decretar el fracaso de la ayuda.
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