Ejército, Armada y Fuerza Aérea operarán en conjunto para liberar tareas de gendarmes, a los que Bullrich pretende reubicar en centros urbanos para contener las protestas.
El Gobierno se encuentra reviendo el rol de las fuerzas armadas para involucrarlas en tareas que corresponden a las fuerzas federales, tal como establece la ley de Seguridad Interior, pese a la crítica que elevaron especialistas y organismos de derechos humanos, según publica El Cronista.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, así lo reconoció días antes de comparecer sobre la marcha del Gobierno ante el Senado, el pasado 27 de junio. En el Informe 111 de la Jefatura de Gabinete, puede leerse en respuesta a diversos bloques de la oposición que el Ministerio de Defensa trabaja por estas horas en un plan para "reconvertir el instrumento militar en una fuerza moderna, ágil y abocada a desafíos externos que afectan la defensa nacional".
De acuerdo a Peña, la Casa Rosada "considera que las fuerzas armadas también deben cumplir con las misiones establecidas en la ley 24.059" (de Seguridad Interior), por lo que "está trabajando comprometidamente en fortalecer la articulación" con la Gendarmería, Prefectura y las policías federal y de Seguridad Aeroportuaria, "en el marco de los límites previstos, para atender los problemas y desafíos que hoy preocupan a los argentinos".
Sin embargo, tales "límites" no serían los actuales: Jefatura de Gabinete evalúa el mecanismo por el cual propiciar un cambio en el decreto presidencial 7/27, firmado por Néstor Kirchner en 2006, que circunscribió el accionar militar normado por la ley 23.554 a dar respuesta ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros estados". Doce años más tarde, el Gobierno quiere ampliar lo que se entiende por "agresión de origen externo" para comprender nuevas formas de delito, como el crimen organizado, el cibercrimen o el narcotráfico, y así legalizar el movimiento de tropas.
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