Imputaron a la esposa del polista cordobés que quedó cuadripléjico

La mujer quedó acusada de estafa, defraudación por entrega de recibo falso. Habría facturado millones a una prepaga por servicios no prestados.

Córdoba30/05/2018Redacción La NUEVA MañanaRedacción La NUEVA Mañana
polista ignacio ballesteros
Ignacio Ballesteros (39) quedó en estado cuadripléjico tras caer de una yegua hace siete años atrás.Foto: Facebook

Este martes fue imputada por estafa, defraudación por entrega de recibo falso y falsificación de instrumento privado, la esposa del polista cordobés Ignacio Ballesteros (39), quien tras sufrir un accidente hace siete años, quedó cuadripléjico.

También fue imputado por los mismos delitos el cuerpo de 13 profesionales (kinesiólogos, enfermeros y terapistas ocupacionales, entre otros) que facturaron servicios que no fueron prestados, según publicó el medio rosarino La Capital.

El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Dalmau imputó a Gisella L. M. como articuladora de las maniobras de facturación de servicios terapéuticos por los que habría recibido el dinero, pero algunos de los cuales no habrían sido efectivamente prestados, según la acusación que recae también sobre los profesionales de la salud.

Según las estimaciones, L. M. presentaba facturas por cerca 450.000 pesos al mes a la prepaga (en todo 2017 fueron 4 millones 800 mil pesos), una cifra nominal que sumaría varios millones si acumula desde 2012.

El caso

El caso que este martes tuvo un imprevisto capítulo en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario remite a la dramática situación de Ignacio Ballesteros, quien tras casarse con la rosarina Gisella L. M., en 2010 tuvo un inesperado accidente al caer de una yegua en diciembre de ese mismo año. La mujer logró la curatela de su esposo en la Justicia y lo trasladó a Rosario.

Para apuntalar una rehabilitación compleja acondicionó una vivienda en Rosario, donde dispuso equipamiento necesario para la internación domiciliaria con terapeutas que asistían a Ignacio día y noche, y facturaban sus honorarios. Luego de presentar un amparo judicial en la prepaga Osde, Gisella logró que esa prestadora de salud le cubriera, por reintegro, todos los servicios.

A mediados de 2011, un incidente que tuvo repercusión mediática expuso la puja de intereses y tironeos entre los padres de Ignacio y Gisella. El 11 de junio de ese año, imprevistamente Ignacio fue trasladado por sus padres a Córdoba, a un centro de rehabilitación, tras obtener un recurso de amparo del juez federal Ricardo Bustos Fierro.

Pero los abogados de Gisella apelaron la medida y un Tribunal de Familia de Rosario ordenó que lo trasladaran nuevamente a esta ciudad, a instancias de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual se concretó el 12 de septiembre del año pasado.

Actualmente, Ignacio está internado en una clínica de rehabilitación de la localidad de San Jerónimo Sud (Santa Fe), donde fue trasladado el 13 de febrero luego de que le dieran el alta por una neumonía que puso en juego su vida.

El caso estuvo atravesado por la mención a propiedades y bienes que el joven supo cosechar gracias a su carrera como polista y empresario criador de caballos, actividad que desarrolló hasta que sufrió el accidente en Duggan, a 18 kilómetros de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Abandono

Sobre diciembre del año pasado todo se precipitó. En una de las visitas a su hijo, los padres de Ignacio notaron la ausencia de Gisella. Preguntaron por ella a sus allegados, quienes les dijeron que estaba trabajando. Luego certificaron que había realizado un viaje al exterior, entre el 5 y el 12 de diciembre.

Eduardo Ballesteros, el padre de Ignacio, presentó entonces una denuncia por abandono de persona que no prosperó. Pero trató de impulsarla a través de un abogado particular, que solicitó pruebas a Osde sobre la cobertura médica y asistencia al paciente.

Tras ello, el fiscal Dalmau, tomó el expediente y luego de acopiar evidencias y entrecruzar información imputó a la mujer y al equipo de profesionales.

Fuente: La Capital

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