Redacción La Nueva Mañana
Avanza el juicio político contra el presidente paraguayo Santiago Peña, tras su intento de renunciar luego del colapso del Ueno Bank y el congelamiento de las cuentas de tres millones de ahorristas. En medio de masivos reclamos, el mandatario se ausentó a la sesión del Congreso donde avanza el proceso en su contra y, en su lugar, asistieron sus abogados.
Luego de la presentación de los defensores Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, el Senado del vecino país admitió por unanimidad las pruebas acusatorias presentadas contra Peña y rechazó los argumentos de los letrados.
Los 41 senadores presentes se pronunciaron a favor de incorpora formalmente al proceso parlamentario los documentos, informes y antecedentes reunidos por la comisión de fiscales acusadores de la Cámara de Diputados en el libelo acusatorio. No hubo votos por el rechazo, incluso el bloque oficialista decidió avanzar con la acusación, indicó Infobae
Con la admisión del caudal probatorio, el tribunal parlamentario dejó sin efecto esos reparos previos y habilitó el avance del procedimiento hacia la etapa final. Tras la votación, el Senado dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos, en el cual las y los legisladores analizarán las pruebas.
Luego se conocerán los alegatos y el juzgamiento previsto dentro del trámite contra el mandatario.
Luego del corralito, miles de personas se movilizaron exigiendo acceso a sus cuentas. Las protestas contra Santiago Peña se multiplicaron este viernes en distintos puntos de Asunción, con bloqueos frente al Ministerio de Trabajo y una concentración en las inmediaciones del Banco Central del Paraguay, en el barrio Trinidad.
Frente al Congreso de Paraguay también se reunió gente, principalmente grupos de jóvenes y estudiantes, para seguir la resolución de legisladores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los vínculos económicos del presidente con el grupo empresarial que controla Ueno Bank. Peña fue accionista de Grupo Vázquez, propietario de la entidad, hasta marzo de 2025. La oposición también cuestiona la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay, así como la concentración de fondos públicos y previsionales en el banco.
La crisis se profundizó el martes, cuando el Banco Central dispuso la intervención de Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La medida paralizó sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin posibilidad de utilizar sus cuentas, mientras crecía la incertidumbre sobre la devolución de los ahorros. El episodio también derivó en la salida de Carvallo de la conducción del organismo monetario, a pedido de Peña.
El libelo elaborado por la Cámara de Diputados imputa a Santiago Peña responsabilidades vinculadas a conflictos de intereses, el debilitamiento en la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la tolerancia regulatoria, la omisión de medidas eficaces de fiscalización y el aprovechamiento patrimonial derivado del relacionamiento entre el poder público e intereses privados.
La institución financiera recibió durante la administración de Peña millonarios recursos de organismos del Estado que posteriormente fueron desviados hacia empresas vinculadas a sus propietarios, resultando en un desfalco bancario que mantiene bloqueados los fondos de miles de ahorristas.
Entre las principales acusaciones destaca que Peña mantuvo acciones en el grupo propietario de Ueno hasta el año 2025, dos años después de haber asumido la Jefatura de Estado en 2023.
Para los legisladores acusadores, dicha participación generó un conflicto de intereses directo, en el que el mandatario debía velar por el interés público mientras ejecutaba decisiones administrativas que beneficiaban a sus negocios privados.
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