Redacción La Nueva Mañana
La crisis financiera en Paraguay puso al presidente Santiago Peña en el centro de la tormenta política. La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades del país, dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y motivó a legisladores opositores a presentar un pedido de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.
El reclamo cuenta con el respaldo de 35 diputados, que acusan a Peña de presunto mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses. Sin embargo, para que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados se necesitan 53 votos sobre un total de 80 legisladores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los vínculos económicos del presidente con el grupo empresarial que controla Ueno Bank. Peña fue accionista de Grupo Vázquez, propietario de la entidad, hasta marzo de 2025. La oposición también cuestiona la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay, así como la concentración de fondos públicos y previsionales en el banco.
La crisis se profundizó el martes, cuando el Banco Central dispuso la intervención de Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La medida paralizó sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin posibilidad de utilizar sus cuentas, mientras crecía la incertidumbre sobre la devolución de los ahorros. El episodio también derivó en la salida de Carvallo de la conducción del organismo monetario, a pedido de Peña.
En paralelo, las autoridades avanzaron con medidas para acelerar la devolución de parte de los depósitos y se ordenó la detención de directivos de la entidad en el marco de una investigación por presuntas irregularidades. El Gobierno aseguró que buscará proteger los recursos de los ahorristas, aunque el alcance de las garantías y los plazos de pago mantienen en vilo a los clientes.
El caso abrió un frente político para Peña, que asumió en 2023 y tiene mandato hasta 2028. Si bien el oficialista Partido Colorado conserva una posición dominante en el Congreso, la crisis financiera y los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos pusieron bajo presión al Ejecutivo. Para que el juicio político prospere, la oposición deberá conseguir una mayoría de dos tercios en Diputados; luego, el Senado tendría que juzgar el caso.
