Redacción La NUEVA Mañana
La Justicia federal avanza en una investigación para determinar si el gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con un paso previo por la Argentina. La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti para profundizar las medidas de prueba en el expediente.
Según informó TN, la presentación representa un nuevo avance en una causa que busca esclarecer si funcionarios nacionales tuvieron participación en el traslado del dirigente brasileño y si se destinaron recursos estatales para concretarlo. Hasta el momento, no se formuló ninguna imputación contra integrantes del Gobierno.
La investigación se originó a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. El objetivo es reconstruir los movimientos de Bolsonaro durante su paso por el país y establecer qué información tenían las autoridades argentinas sobre su situación judicial en Brasil.
En ese marco, el 29 de octubre la jueza Capuchetti dispuso requerimientos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería para conocer qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida del dirigente brasileño. También se busca determinar si el Gobierno había recibido comunicaciones sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre junto con su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones. Luego abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.
La salida se produjo después de que el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Desde el Gobierno argentino rechazaron las acusaciones de irregularidades. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro ingresó con la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades a impedir su tránsito.
En paralelo, otras denuncias judiciales cuestionaron las circunstancias del traslado. Una de ellas, radicada en Puerto Iguazú, fue desestimada al considerar el fiscal que no se había configurado un delito en el ingreso y egreso del dirigente brasileño. Esa decisión no cerró la investigación que continúa en los tribunales federales de Comodoro Py sobre el posible uso de recursos públicos y la eventual responsabilidad de funcionarios nacionales.
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