Redacción La Nueva Mañana
La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La decisión cuenta con el respaldo del Reino Unido y permitirá a las compañías que ya poseen permisos continuar con sus actividades de exploración y explotación petrolera durante ese período.
Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos.
"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar", afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña.
La funcionaria tiene a su cargo las áreas relacionadas con Comercio, Industria y Recursos Minerales de la administración británica de las islas.
La medida se conoció mientras el Gobierno argentino prometió intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional y considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas.
Uno de los principales proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago y encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Navitas posee una participación del 65% en el proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Las compañías tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución surgió de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina.
El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas, al tiempo que reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar los recursos naturales.
El Gobierno argentino, por su parte, invoca entre sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía.
Fuete: NA
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