Redacción La Nueva Mañana
En relación al reciente despido de trabajadoras y trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, cuyas funciones fueron traspasadas a personas de las fuerzas armadas, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, alertó que "atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia".
De esa manera cuestionó "estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno", que podrían replicarse también en la Casa Rosada.
Agregó Aguiar que a esto hay que sumarle que las vacantes civiles que se generan en las tres Fuerzas Armadas y en sus organismos ya no se cubren más con personal civil, sino que comenzaron a ser cubiertas por militares. "Es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del Gobierno comiencen a ser ocupados por militares", advirtió, subrayando que estas situaciones tienen progresivamente "más rasgos dictatoriales".
"Si a la represión sistemática sumamos ahora la militarización, enfrentamos niveles de autoritarismo que para nada son compatibles con la democracia", remarcó y frente a esto planteó: "Tenemos que ponernos en alerta y defender nuestros derechos más elementales y lograr frenar esta tendencia castrense en el Gobierno antes de que sea demasiado tarde".
Repasa Aguiar que durante la gestión libertaria ya fueron cesanteados más de 300 trabajadores del personal civil de las Fuerzas Armadas y precisa que en el último tiempo comenzó un proceso mediante el cual esos puestos vacantes pasaron a ser ocupados por militares. "Además, de los 2.653 trabajadores civiles que actualmente desempeñan funciones en el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, el Gobierno ahora pretende despedir y reemplazar por militares a 600 más", agrega.
En rigor, ATE tiene contabilizados hasta el momento 14 trabajadores despedidos de la residencia presidencial, quienes cumplían tareas de jardinería, administración, limpieza, mozos y cocina.
"Si bien el Gobierno justifica esta decisión a raíz de una serie de filtraciones que comprometerían la información y la seguridad del presidente, lo cierto es que el personal civil no participa de las reuniones privadas que Milei realiza en la residencia. Además, se trata de trabajadores con hasta 30 años de antigüedad y que desempeñaron funciones en las distintas gestiones", subraya ATE, para recalcar la arbitrariedad de la medida.
Ante esta situación, ATE reiteró su pedido para que el Gobierno informe si existe un examen, junta médica o certificado que garantice que Milei está apto para ejercer su cargo como Presidente de la Nación.
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