Redacción La Nueva MañanaPor Marcela Pagano
El jueves 3 de septiembre, el presidente Javier Milei descubrió las Malvinas. Quince minutos de Cadena Nacional pregrabada, un DNU, un decreto, un proyecto de ley y una base naval.
Como periodista aprendí que, cuando el verso es corto, conviene revisar el archivo. Y el archivo dice tres cosas: que llegó tarde, que sobreactuó y que el calendario que lo apuró no fue el de Sea Lion, sino el de la encuesta. Cada una de esas tres cosas tiñe una política de Estado que no le pertenece a él ni a nadie: le pertenece a la Nación.
TARDE
El presidente dijo que “en pocos meses” Navitas y Rockhopper se apropiarán de nuestro crudo. Los datos son otros: la decisión final de inversión de Sea Lion se tomó el 10 de diciembre de 2025, la perforación empieza en 2027 y el primer barril está previsto para 2028. El Gobierno lo supo nueve meses antes de “acordarse”.
Y no le faltaban herramientas. La ley 26.659 es de 2011; la 26.915, de 2013, prevé de cinco a quince años de prisión para quien explore o explote sin autorización argentina. Rockhopper está inhabilitada por veinte años desde 2013 y Navitas desde 2022. Milei tuvo esa ley sobre el escritorio desde el 10 de diciembre de 2023 y no la usó. Otros sí. Cinco días después de la decisión de inversión presenté en la Cámara de Diputados el repudio a Sea Lion. El 24 de julio denuncié penalmente a Navitas, Rockhopper, JHI Associates, ECO Atlantic y a sus directivos por violar la ley 26.659, con pedido de medidas cautelares. Los veteranos del CECIM fueron a la Justicia en Río Grande. ¿Y el Estado? Que el presidente diga si la Cancillería o la Procuración del Tesoro se presentaron en alguna de esas causas. Anuncia sanciones contra lo que la Justicia ya investiga. Llegó tarde a su propia película.
Llegó tarde también a la doctrina. En la cadena sostuvo que los isleños, población implantada en territorio usurpado, no tienen derecho a la autodeterminación. Es correcto: es la posición argentina desde la Resolución 2065 de la ONU, en 1965, y la que la Constitución fijó con precisión en su Disposición Transitoria Primera, “respetando el modo de vida de sus habitantes”. Modo de vida, no “deseos”.
Pero el 2 de abril de 2025 el mismo presidente anhelaba que los “malvinenses” decidieran “votarnos con los pies”; en diciembre, ante The Telegraph, deslizó que los isleños serían consultados; antes había llamado “brillante” a Margaret Thatcher, la mujer que ordenó hundir el ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión, con 323 argentinos a bordo. Su primera canciller (N.deE.: Diana Mondino) había calificado de “feudal” imponerles algo a los isleños, se reunió con David Cameron días después de que él pisara las islas y firmó con Lammy un acuerdo de vuelos y cooperación pesquera que huele a Foradori-Duncan. En Londres no leen nuestras encuestas: leen nuestro archivo. Dos años regalándole argumentos al ocupante no se corrigen en quince minutos.
SOBREACTUADO
Lo que la cadena tuvo de tarde lo compensó con volumen. “Peligro concreto y urgente”, “violación a nuestra seguridad nacional”, un DNU firmado “hoy mismo”, un Consejo de Seguridad Nacional, juicio en ausencia. Y detrás de la escenografía, capacidades que el propio Gobierno vació.
La base naval que presentó como novedad tiene piedra fundamental de marzo de 2022 y, según el informe de gestión que la Jefatura de Gabinete envió a Diputados en abril, un avance físico del 9,13%.
En abril de 2024, el presidente la había presentado junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos (conviene que aclare si la base es soberana o compartida). Mientras tanto, la Armada retiró el 20 de agosto los Super Étendard sin reemplazo; no tiene un submarino operativo desde el ARA San Juan, en 2017; la compra de los Scorpène está parada por falta de financiamiento, según el propio Gobierno; y el artículo 30 de la ley 27.798, el Presupuesto 2026, derogó el aporte del Estado al FONDEF, el fondo de reequipamiento militar, que quedó viviendo de donaciones.
Se hace el guapo con el petróleo y les pide permiso a los británicos para los asientos eyectables de los F-16, porque los 24 aviones que compramos por US$ 301 millones llevan componentes que necesitaron el visto bueno de Londres. A The Telegraph le contó que negociaba levantar el embargo de armas de 1982; Londres lo desmintió.
Los instrumentos jurídicos son parte de la sobreactuación. Un DNU para financiar la base, con el Congreso en sesiones ordinarias y el propio Ejecutivo enviando un proyecto de ley sobre la misma materia: si el Congreso puede votar la ley de soberanía, también puede votar la plata.
El decreto sobra; es apuro por la foto. Y “acelerar las sanciones” de la ley 26.659 por decreto roza la materia penal, que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución le prohíbe expresamente al presidente.
Un Consejo de Seguridad Nacional nuevo, cuando el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el que manda la ley 27.558 con todos los bloques, Tierra del Fuego y los excombatientes, sigue esperando que diga cuántas veces lo convocó.
La sobreactuación es, además, selectiva. Navitas, la operadora de Sea Lion con el 65%, es israelí. Milei viajó tres veces a Israel y se presenta como su mejor aliado en el mundo. ¿Una gestión, una llamada, una nota de desaliento al Gobierno israelí? Nada. Las sanciones, parece, no son para los amigos.
Y sobreactuó hasta con Trump: dijo que Estados Unidos “está revaluando su posición histórica”. Lo que Trump dijo, textual, fue “siempre reviso todas mis posturas, esa es una de muchas”. Estados Unidos es neutral desde 1982. Apostar la soberanía a una frase al pasar no es diplomacia: es timba.
OPORTUNISMO ELECTORAL
La cadena llegó la misma semana en que la Unión Industrial rompió con el Gobierno en el Día de la Industria; con 30% de pobreza y 44% de informalidad, según la UCA; con la imagen presidencial en caída y a poco más de un año de la elección presidencial. Fue la cuarta Cadena Nacional del año. Los veteranos lo dijeron antes que nadie: cortina de humo. Este país ya sabe lo que pasa cuando Malvinas se usa para tapar la economía, y ese recuerdo no se toca.
Hasta el reparto lo delata. Ni a la vicepresidenta invitaron a grabar la cadena, la misma a la que meses antes el presidente trató de “declamativa” por defender la soberanía. La ministra Bullrich habló del “paso más importante de nuestra historia”. Los resultados concretos de este Gobierno en la materia son cero submarinos, una base al 9%, un fondo de Defensa vacío y un mapa oficial de la Argentina, tuiteado por el Presidente, sin las Malvinas. Así de en serio se tomaba la causa hasta el jueves.
LO QUE SE TIÑE
Cuando un presidente usa Malvinas para la encuesta, no se daña a sí mismo: daña la causa. Le regala a Londres el argumento de que el reclamo argentino sube y baja con el humor político de turno, y le quita a la sociedad la certeza de que hay cosas que no se negocian ni se sobreactúan. Una política de Estado no se graba en el Salón Blanco: se construye con todos.
Nosotros no declamamos: legislamos. El 21 de julio presenté un paquete de proyectos de Malvinas y Defensa: la reactivación del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas; el respaldo a la posición argentina ante el Comité de Descolonización; la revisión y denuncia de los Acuerdos de Madrid; el control de instalaciones estratégicas de capital extranjero en zonas sensibles; una Comisión Bicameral de seguimiento de la Defensa; el fortalecimiento del Programa Antártico; y la declaración de las Malvinas como símbolo nacional. Y un programa para reconstruir la capacidad submarina, porque un país sin submarinos no vigila su mar: lo mira desde la costa.
Malvinas no se defiende con un discurso cuando aprieta la economía. Se defiende con presupuesto para la Armada, con la pesca, con la Antártida, con la ciencia, con veteranos respetados y con una diplomacia que dice lo mismo en abril y en septiembre. Eso se llama coherencia. Malvinas es política de Estado en abril, en septiembre y siempre. Es tiempo de que todos juntos pongamos fin al saqueo. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles.
Agencia NA
