Miguel Apontes
Pasaron diez años de la conclusión del juicio por crímenes de lesa humanidad más grande de la historia de Córdoba, que marcó un hito fundamental para los derechos humanos en Argentina.
Fue una gran contribución a la Memoria, Verdad y Justicia. El trabajo y esfuerzo por explicar la dictadura debe ser permanente. Y vaya si fue valioso el aporte de este largo proceso.
A veces pienso que no hay palabras que puedan nombrar semejante período de nuestra historia contemporánea. Sus consecuencias marcaron a este país de una manera indeleble, sorteando todos los tiempos… y más allá de los intentos absurdos por negar los hechos, banalizar la tragedia o sencillamente haciendo apología del terrorismo de Estado.
“La sentencia me produjo una enorme satisfacción, aunque debo decir que asumir el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad del país fue un desafío inabarcable, y contamos con otros dos fiscales, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz, más todo un equipo de apoyo”, dijo Facundo Trotta a La Nueva Mañana a diez años de la sentencia en la llamada "Megacausa La Perla-Campo de la Ribera- D2".
Y agregó: “Asumimos nuestro rol de acompañar con empatía el daño de víctimas y familiares, valorando sus testimonios. La mayor satisfacción como fiscal fue recibir su reconocimiento y gratitud, más allá del aporte que se pudo hacer al proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Facundo Trotta nació a los pocos días del golpe de Estado de 1976. Tenía 40 años cuando enfrentó el desafío de encabezar el equipo de fiscales en un proceso tan complejo.
-Me imagino que tuviste que hacer un ejercicio de “composición de lugar” para ubicarte en el momento de los hechos…
-En un principio me pareció algo casi inabarcable; no sentí temor, más bien fue preocupación ante una causa de tal magnitud. Debíamos ubicarnos en el contexto social y político, de eso no se puede uno sustraer. De hecho, fue una parte esencial a la hora de considerar estos crímenes. Tener en cuenta el contexto en el que se cometieron, que no fueron hechos aislados, cometidos por un sujeto aislado, sino que fueron parte de un plan sistemático y generalizado dirigido contra un número indeterminado de personas. Fue uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más grande del país, y en importancia está junto al Juicio a las Juntas y la Causa ESMA. Leí una noticia en los diarios en el sentido que esta causa me quedaba grande. Le quedaba grande a Trotta y a cualquier otro. Obviamente que el Ministerio Público Fiscal de la Nación lo advirtió e integró a otros dos fiscales, más todo un equipo detrás.
-¿Qué sentiste cuando se leyó la sentencia, con una multitud celebrando frente el edificio de Tribunales Federales?
-Una enorme satisfacción. Para nosotros el día de la sentencia fue muy importante por la trascendencia que tuvo, un día de justicia. Desde la Fiscalía estábamos orgullosos del papel cumplido, y que el tribunal haya hecho lugar a prácticamente todos los planteos que formulamos. Con algunas excepciones, hubo cinco absoluciones y nosotros no estábamos de acuerdo, pero claramente compartíamos en su mayoría la parte resolutiva, la de la sentencia. Con el devenir del juicio, fue imposible abstraerse de la trascendencia del proceso, en cuanto a las víctimas, los crímenes en sí, crímenes de Estado. Uno ve el daño que se infligió a las víctimas, a los sobrevivientes, a sus familias que hace tanto tiempo buscan sus seres queridos. En el contacto diario uno debe ser empático, acompañarlos ante tanto daño. Un verdadero ejercicio, que obviamente depende de cada uno, si te corre sangre por las venas o no.
-En una función como la tuya, ¿qué tan importante es el reconocimiento?
-En el agradecimiento de las víctimas, de los familiares hacia nuestro trabajo, ahí es donde uno encuentra mayor satisfacción. Más allá del rol de fiscal, que tiene que acusar cuando hay pruebas y cuando no son suficientes, y llegar a una determinada conclusión, que en algunos casos puede ser que las víctimas no estén de acuerdo. Todo eso se entendió, y puedo decir que tras la lectura de la sentencia, ir caminando por esa marea de gente, donde te paran y agradecen, y que te transmitan su alegría reconociendo tu laburo, te produce una enorme satisfacción como parte del gran equipo que teníamos.
Este histórico proceso, además, tuvo una particularidad: se juzgaron y reconocieron por primera vez en la provincia los delitos contra la integridad sexual, considerándolos crímenes de lesa humanidad autónomos, y también la apropiación o robo de bebés nacidos en cautiverio.
"Hubo muchos acusados, incluso de delitos cometidos con anterioridad al golpe de 1976; se juzgó por primera vez los abusos sexuales y la sustracción de bebés en cautiverio de su madre, como fue el caso del hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres".
-El fallo determinó condenas muy fuertes...
-Había muchas cuestiones que el tribunal debía decidir y sumamente trascendentes. Estas cuestiones centrales se resolvieron justamente como nosotros lo pedimos. De las 38 condenas, 28 fueron a perpetua, y otras penas que llegaban hasta 21 años. Nos pareció que el tribunal dictó una sentencia que nos dejaba conformes y eso se vio reflejado con posteridad, con la fiesta en las afueras, el contraste que se dio en esa jornada. El tribunal dijo que el daño causado no le es indiferente al Estado, que se les reconoce la condición de víctima, y a la persona que cometió el crimen se lo condena y no va a quedar impune.
-Se juzgó el delito de desaparición forzada seguida de muerte, ¿cambia la caracterización al indentificarse personas?
-Tuvimos otra decisión trascendente: por primera vez un tribunal condenó la desaparición forzada seguida de muerte, cosa que no se había dado antes. Es un delito que se continúa cometiendo y, en consecuencia, continúa produciendo sus efectos hasta tanto no aparecen los restos de la persona secuestrada y asesinada. Se basa en la Convención Sobre Desaparición Forzada de Personas, y esto nuestro Código también lo recepta. Ahora, cuando con el paso del tiempo sucede esto, tan trascendente, que se pudieron identificar 29 personas se encontraban desaparecidas, tenemos víctimas que todavía no han tenido juicio y otras que formaron parte de las causas con condenas; éstas últimas obviamente dejan de ser desaparecidos, y pasan a ser víctimas asesinadas. Eso tiene una repercusión jurídica, quiere decir que el crimen se dejó de cometer. Una persona desaparecida y que ha sido asesinada y que se encontraron sus restos pierde entonces el status de desaparecido.
En 2004, el teniente coronel del Ejército Guillermo Bruno Laborda, presentó un escrito formal al jefe de la fuerza el general Roberto Bendini, tras ser rechazado para ascender al rango de coronel por la Junta de Calificaciones. Y decidió confesar sus crímenes cometidos durante la última dictadura militar para justificar su ascenso. Así, reveló con detalles su participación en el asesinato de prisioneros indefensos y en enterramientos clandestinos cuando era subteniente y teniente entre 1977 y 1979. Confesó que los crímenes se cometieron en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército, más específicamente en los terrenos de la Guarnición Militar cercanos al centro clandestino de detención La Perla.
"Está todo escrito, es un documento que reproduje en el juicio. Laborda falleció en el medio del juicio, antes de dictarse sentencia, por lo que no fue condenado, pero había una causa que analizaba los casos de fusilamientos donde él dijo haber participado".
-La queja administrativa a la Junta de Calificaciones, ¿fue una suerte de confesión?
-Un relato terrible, pudimos ponerle nombre y apellido a las víctimas. Describe claramente cómo participó, con fechas que coinciden con relatos de víctimas que sobrevivieron al campo de concentración La Perla y que nosotros pudimos ubicarlas. Habla de dos fusilamientos, uno a fines de 1977, donde cuenta que va al Hospital Militar y ahí saca a una mujer que acababa de tener un hijo, y nosotros sabíamos que se trataba de Rita Ales de Espíndola. Luego describe a una persona que tenía militancia en el OCPO, que en el año 1978 lo retiran y lo asesinan también en un campo de la Guarnicion Militar Córdoba. Además, Laborda después, en 1979, frente al conocimiento de que venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenaron junto a otros militares, con topadoras, desenterrar esos cuerpos, ponerlos en tachos y llevarlos a las Salinas Riojanas.
- ¿Qué te genera el silencio sostenido todos estos años por tanta gente involucrada en crimenes horrendos?
-La verdad que no logro comprenderlo. Más allá de quien participa de este tipo de crímenes, es muy difícil también comprender, cómo participaron en fusilamientos, secuestros, torturas. Se torturó hasta matar, se violaron mujeres, se robaron niños. Son crímenes que por su crueldad desafían la imaginación humana. Después de eso, pensar en un mínimo arrepentimiento, a esta altura no lo espero. En el transcurso del juicio siempre lo esperé. Los familiares están esperando saber dónde están sus seres queridos. Si pensamos en esos términos, no cerremos ninguna puerta. Pero la verdad, que a esta altura, personas que tienen múltiples condenas, sin ninguna posibilidad de que cambie esa situación. En su gran mayoría hoy en prisión domiciliaria, con más de 80 años... que mantengan el silencio, no lo puedo comprender.
La sentencia de la Megacausa La Perla se dictó el 25 de agosto de 2016 y condenó a 38 de los 43 acusados por crímenes de lesa humanidad. El proceso es considerado uno de los juicios más grandes e importantes de la historia de Argentina y abarcó los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención "La Perla", "Campo de la Ribera" y el Departamento Informaciones "D2".
El juicio duró tres años y nueve meses. El 25 de agosto de 2016 se leyó la sentencia. Fueron un total de 354 audiencias, con 581 personas que prestaron su declaración. Víctimas: se investigaron crímenes contra 716 víctimas y los acusados fueron 43 exmilitares, expolicías y civiles. Fueron condenados 38 acusados, de los cuales 28 recibieron cadena perpetua (entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y Ernesto Barreiro). Diez acusados recibieron penas de entre 2 y 21 años de prisión y cinco personas fueron absueltas.
El tribunal del históricom proceso estuvo integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (quien se desempeñó como presidente), Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu.
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