Redacción La Nueva Mañana
La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en su versión número 12, tuvo su réplica este jueves en la ciudad de Córdoba.
Los reclamos contra la violencia estatal siguen siendo los mismos: justicia para las víctimas, sus familias y sobre todo, basta de muertes a manos de las fuerzas de Seguridad.
La concentración en Córdoba, comenzó pasadas las 17 frente a Tribunales I, en calle Caseros 551. El lugar elegido no es casual: las familias lo consideran símbolo de las causas que, según denuncian, permanecen demoradas. La convocatoria nacional también tuvo réplicas en distintas ciudades del país.
Muchas de las causas "están cajoneadas" por la Justicia, dijo a La Nueva Mañana, previo a la concentración, Lorena Acuña, mamá de Ezequiel Castro, el chico de 21 años muerto el 14 de junio de 2022 tras ser detenido por la Policía de Córdoba. Después de ese día, además del dolor, la familia de Ezequiel se encontró con una lucha contra un sistema que a veces se hacía "el ciego o el sordo". Y les tocó golpear todas las puertas para hallar respuestas. A cuatro años del crimen, siguen esperando justicia por Ezequiel.
En la concentración de este jueves, Lorena denunció que el Estado y sus instituciones son responsables de la detención, tortura y muerte de su hijo. "Seguiré luchando por justicia y alentando a otras familias a no rendirse", agregó. "Estamos esperando que se pueda hacer un juicio justo por el asesinato de mi hijo, era un pibe que tenía toda una vida por delante", agregó y concluyó reclamando por las "causas cajoneadas, porque eso no puede suceder, los asesinos deben tener su castigo".
La marcha de este jueves estuvo atravesada por nuevos casos que volvieron a poner bajo la lupa la violencia institucional en Córdoba. Entre ellos, el de Tomás Orihuela, el chico de 19 años que murió el 26 de abril después de haber estado detenido en la Comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba, en barrio General Paz. La Justicia imputó a seis policías en el marco de la investigación y una agente quedó detenida.
La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y también revisar las condiciones de su detención. Tomás falleció luego de ser encontrado en una celda de la dependencia policial y permanecer internado en grave estado. La investigación tuvo distintas etapas y versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La familia denunció violencia policial y reclamó que se investigara la actuación de los efectivos. El caso provocó además una fuerte protesta en barrio Bajo Pueyrredón, que terminó en más represión.
Frente a Tribunales I, la hermana de Tomás dijo unas palabras: "Supuestamente Tomás se quitó la vida, pero la familia lo negamos, lo vamos a negar siempre. Tomás no se quitó la vida, en 48 horas pasó dos veces por la Sexta, los policías se había ensañado con él. A Tomás lo mató la Policía, porque cuando salió de la celda estab en coma. Como familia, lo único que queremos es que se sepa la verdad, y que no sigan pasando estos casos, porque ninguno se merece esto".
Al caso de Tomás Orihuela, este año también se suma el de Claudio Batista, un interno fallecido en Cruz del Eje cuya familia denuncia que recibió una medicación inadecuada. “Estamos hablando de que no solo te matan con una bala, sino que en contexto de encierro también se está sufriendo mucho la represión”, planteó Lorena Acuña a LNM.
El reclamo cordobés se inscribe en un escenario nacional que, según el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), muestra un fuerte crecimiento de las muertes vinculadas al aparato represivo estatal.
El organismo registró 10.181 muertes entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026, de las cuales 1.056 ocurrieron durante los primeros 25 meses del gobierno de Javier Milei, más del 10% del total registrado en más de cuatro décadas de democracia.
"Nos encontramos, cómo siempre, exigiendo Justicia por todos los pibes asesinados", manifestaron en el documento leído durante la concentración.
Repudiaron la criminalización de la protesta, aludiendo a la represión encarada por el Gobierno Nacional en las marchas de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados; caracterizaron a los lugares de encierro como "máquinas de muerte"; y apuntaron también contra la gestión de Martín Llaryora: "El gobierno de Córdoba no nos dan otra opción que ocupar las calles, porque no nos dan ninguna solución".
"Vamos a seguir hasta conseguir un verdadero Nunca Más, por los que nos quitaron y para cuidar a los que nos quedan. Seguimos tocando todas las puertas sin encontrar respuestas, juntando cada peso para las causas, buscando las mil formas de sostenernos. Es injusto porque a ellos el sistema les ponen hasta a los abogados, mientras las familias nos organizamos, insistimos, nos encadenamos, hacemos huelgas de hambre, para llegar a juicio. Aún teniendo certezas y pericias que demuestran que los disparos no son errores, no son errados, todo es cuesta arriba".
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