Redacción La Nueva Mañana
“Repudio al acuerdo para la impunidad”, es el título del pronunciamiento de la Red Nacional de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) conocido este jueves.
La organización expresó en un documento "su más profundo repudio a la Acordada 21/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una medida que abre una nueva puerta para favorecer a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad".
Según se conoció esta semana, los tres jueces del Máximo Tribunal "encomendaron al Cuerpo Médico Forense la confección de un Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios".
Al respecto, H.I.J.O.S. sostuvo: "Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar".
Hoy la Corte cuenta con apenas tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde el organismo de derechos humanos se recordó el intento de 2017 de reducir penas a represores, y cómo se debió retroceder frente al generalizado repudio en las calles.
"Es la misma Corte que intentó instalar el beneficio del 2x1 para los genocidas en el año 2017 durante el gobierno de Macri, y que logramos frenar con la movilización popular en todo el país".
H.I.J.O.S. exigió en el comunicado distribuido este jueves que el Poder Judicial garantice el respeto a los tratados internacionales de Derechos Humanos y las condenas de cumplimiento efectivo en cárcel a los responsables del terrorismo de Estado.
"No son viejitos buenos, el transcurso del tiempo no borra sus crímenes. En cientos de juicios no hemos escuchado ningún arrepentimiento, ninguna información sobre el destino final de nuestros padres, madres ni un dato sobre nuestros hermanos y hermanas apropiadas", se indica en el documento.
Y también se extiende el reclamo al Estado, que es quien debe garantizar "el derecho a la salud de todas las personas que habitan nuestro país", incluidas "las atenciones médicas que correspondan a los genocidas".
"La medida constituye un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", continúa el documento de H.I.J.O.S que concluye con esta definición, acorde a sus postulados desde que surgió la organización: "El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva".
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