Se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley nacional. Las personas despedidas cumplían tareas en Pami, Anses, Vialidad Nacional y Banco Nación, entre otras dependencias nacionales en Córdoba. Exigen la reinstalación de los puestos de trabajo.
Córdoba28/06/2025 Aldana Varas
El 21 de junio del 2021, celebramos no solo un nuevo avance en inclusión, sino también en el reconocimiento de la deuda histórica con la comunidad travesti trans. Se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley de Promoción del Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, conocida como "Ley Diana Sacayán - Lohana Berkins". Aquellos años de políticas concretas para la igualdad de oportunidades parecen haber quedado en suspenso desde la asunción del nuevo gobierno nacional. La ley, que continúa vigente pero no se cumple, establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado nacional para personas travestis, transexuales y transgéneros. En nuestra provincia, si bien nunca se alcanzó el porcentaje establecido, un número de trabajadores fueron contratados en marco de esta legislación en diferentes puestos de la administración nacional con sedes en Córdoba. Por ejemplo, ANSES, Pami, Vialidad Nacional, Banco Nación, Capital Humano, entre otros.
Quizás no es obvio explicar en estos tiempos que la comunidad travesti trans son históricas víctimas de un hostigamiento social y económico, de prejuicios y discriminación. Por estas razones, no pueden acceder a una vida digna. La política de alguna manera buscaba afrontar una desigualdad estructural y brindar oportunidades de ingresar a un trabajo con cierta estabilidad.
María Terrango es abogada laboralista y asesora gremial. Explicó a LNM que presentó ante la justicia más de 25 medidas cautelares pidiendo la reinstalación laboral por cumplimiento de la ley cupo laboral Travesti, trans. Son casos de todo el país. Los despidos se dieron en el comienzo de la gestión de Javier Milei bajo el plan de recorte. “
"Se han despedido a muchos más integrantes del cupo que del resto, si uno compara los números”, dijo la abogada. En muchos organismos ya no hay trabajadores travestis trans. El fin de la contratación no se vincula estrictamente con la ley de inclusión sino más bien con la modalidad de contratación, es decir, son contratos que se vencieron y no fueron renovados. Aquí podríamos abrir un nuevo debate acerca de la histórica precarización laboral que el mismo Estado aplica sobre los trabajadores. Los contratos que no fueron renovados son por ejemplo, monotributistas, plazos fijos, eventuales, entre otras figuras que carecen de una estabilidad a largo tiempo.
“Es antijurídico. Algunos casos tienen una antigüedad desde el nacimiento de la ley de cupo, realizan tareas permanentes de la administración. La legislación les asegura el empleo. En virtud de eso, decidimos aplicar acciones judiciales para hacer valer el derecho”, relató Terrango. Obtuvieron respuestas en escasos casos y fue negativa considerando que deben optar por otra vía procesal la adecuada para reclamar. “No han tenido ningún tipo de consideración. Al compás de las políticas de este gobierno de subestimar políticas de género. La garantía del acceso al empleo está restringida por discriminación”, concluyó la abogada.
Se cuentan con los dedos de una mano
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) celebró en julio del pasado año, un fallo a favor de un trabajador que había sido contratado en marzo del 2021 y el 21 de marzo el organismo decidió no renovar su contrato. Este sin dudas fue un gran precedente a pesar de que muy pocos casos obtuvieron el mismo dictamen favorable.
Para darles nombre, hay otros casos que se han establecido y continúan trabajando en las dependencias. Yoko Suarez, por ejemplo trabaja actualmente en Vialidad Provincial. Ingresó al organismo en septiembre del año 2021. Fue una de las primeras personas en ingresar por el cupo al Estado Nacional. Victoria Amaya, trabaja en Banco Nacion y además es delegada gremial.
En la administración provincial
En la gestión provincial, la ley no aplica y tampoco hay datos concretos que contabilicen cuántas personas del colectivo travesti trans ocupan un puesto. Asimismo, desde las áreas de género, afirmaron a LNM que fomentan la inclusión laboral para la comunidad lgtb. En la Legislatura, por ejemplo, en el año 2000 ingresó una trabajadora trans y actualmente continúa ejerciendo función pública en la Municipalidad. Se trata de una empleada en planta permanente y una de las primeras mujeres trans que transitó su reasignación de sexo en un hospital público de Córdoba a través de la obra social Apross.
El último monitoreo se publicó el 31 de agosto del año 2023. En ese entonces, 955 personas trans eran empleadas del sector público. No podemos saber con exactitud cuántos de esos contratos fueron dados de baja.
Hablar de cupo parece algo antiguo. Creímos que hoy íbamos a poder debatir sobre protagonismos, a tener una apertura de la mirada sesgada y machista, pero parece que el retroceso es tal, que tenemos que volver a explicar por qué es importante que el Estado garantice un puesto de trabajo formal a un sector de la sociedad históricamente vulnerado.
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