Redacción La Nueva Mañana
En el marco de una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, este jueves 29 de mayo, a las 11, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) concentrará en la Plaza San Martín para sumar apoyos "por una Argentina inclusiva y sin discriminación".
La iniciativa es impulsada por organizaciones de personas con discapacidad, familiares, profesionales y prestadores de servicios de todo el país, con el objetivo de exigir la pronta sanción del proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad.
A nivel nacional, muchas instituciones realizan paro y en otras hay cambio de actividades. En Buenos Aires habrá una marcha y la concentración en Córdoba es convocada por la Federación Converger, asociaciones de transportistas, colegios de profesionales y la ATI.
Explican en la convocatoria que la propuesta legislativa "busca asegurar hasta el 31 de diciembre de 2027 los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social".
Además, contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.
La jornada incluirá movilizaciones, actividades culturales y actos públicos en distintas ciudades del país, con el fin de visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. Asimismo, exhortan a los diputados y las diputadas de todo el país a apoyar al Colectivo de Discapacidad en su tratamiento en el recinto, "ya que es el paso necesario para avanzar hacia la aprobación definitiva".
Entre las problemáticas más urgentes se destacan los retrasos en los pagos a prestadores, la falta de actualización de aranceles, las dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos, y la implementación de normativas regresivas que afectan los derechos adquiridos.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, además, celebran que debido a la presión del colectivo de discapacidad y el repudio de la sociedad, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se vio obligada a derogar la resolución 187/2025, en la que usaba una clasificación discriminatoria, ofensiva y contraria a la Convención internacional de los DD.HH. de las personas con discapacidad.
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