“Cada área tiene potestades que son autónomas”, argumentó el abogado Germán Matheu. Además, negó una declaración a la prensa del propio Cardozo, en donde el entonces titular de Salud confesó tener conocimiento de los ataques un mes antes de presentarse la primera denuncia.
Córdoba28/05/2025
Bahía Luz De Palma
Este miércoles, en la última audiencia de alegatos del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, la defensa del ex ministro de Salud, Diego Cardozo, negó las acusaciones, reforzó que el imputado no tenía conocimiento de los consecutivos crímenes y pidió la absolución. El abogado Germán Matheu argumentó que cada área que depende de la cartera sanitaria es “autónoma”.
El letrado aseguró que Cardozo tomó conocimiento de los graves hechos el 7 de junio de 2022, en una reunión de emergencia tras las cuatro descompensaciones de recién nacidos ocurridas en menos de 48 horas, de las cuales dos derivaron en muerte. “No se pueden encubrir hechos que no se conocen”, reafirmó.
La fecha fue cuestionada por la querella porque, anteriormente, Cardozo confesó en una entrevista conocer las sospechosas muertes desde el 27 de abril, más de un mes antes de que el personal médico presente una denuncia. En esa fecha el ministro recibió la advertencia de un lote aparentemente contaminado de vitamina K y, en medio de una crisis en el hospital público por los ataques, autorizó la compra de una marca diferente. “La prueba no muestra que alguien le hubiera notificado algo más, solo el cambio de lote”, resaltó.
Para fundamentar el desconocimiento del acusado, el letrado destacó que dentro del ministerio de Salud “cada área tiene potestades autónomas” y que en total cuenta con 15.500 empleados y 60 centros de salud (salas, dispensarios, hospitales). “Es imposible que el ministro esté en todos lados”, añadió.
En la misma línea, el letrado señaló el contexto social y sanitario del 2022, atravesado por la pandemia.
El abogado concluyó que “Cardozo impartió directivas para intervenir en Neonatal y saber qué ocurría”, en base a la información que le transmitieron, supuestamente el 7 de junio. Además, destacó que tras la intervención de Cardozo “no sucedió otro evento” y dijo que de no ser así “podrían haber más casos”.
Dentro de una exposición cronológica, Matheu valoró, al igual que los demás funcionarios acusados, las dos denuncias que realizó el personal del hospital público el 6 y el 7 de junio. Las cuales la fiscalía de Cámara y la querella consideraron descontextualizadas y tardías. En ese momento, ya había cinco bebés fallecidos y otros ocho que lograron sobrevivir con graves secuelas. En la misma línea el abogado destacó la “investigación interna” del hospital, otro punto cuestionado por la acusación, por demorar la intervención del Poder Judicial.
Para el defensor, a partir de las denuncias Cardozo “creía que todo estaba en manos de la Justicia” y “no podía saber” si efectivamente estaba avanzando la investigación. También habló de otra denuncia que “escribió” el titular de la cartera, pero no explicó por qué nunca fue presentada. La primera denuncia, que expone todos los casos, la realizó Francisco Luperi, el esposo de una médica, el 4 de julio, casi un mes después de las últimas muertes.
“Cardozo confió en sus funcionarios y en el avance de la Justicia”, finalizó.
El codefensor Maximiliano García se explayó en el cuestionamiento de la imputación que recae sobre el ministro. Respecto a la acusación de conducta encubridora, por no haber judicializado, el letrado expresó que “no tiene sentido porque no había sospecha de criminalidad”.
A lo que agregó que Cardozo ordenó presentar la denuncia y que los funcionarios de menor rango debían seguir esa indicación. “Es impensable pensar que la ley establece que el ministro debía presentarse personalmente en la unidad judicial, eso es falso”, dijo. Por último, el letrado rechazó el pedido de prisión preventiva que se efectuaría al finalizar la lectura del veredicto si la condena contra Cardozo resulta efectiva, que solicitó la fiscalía de Cámara. Negó el peligro de fuga “de una persona que necesita de asistencia médica para mantenerse con vida” por el tratamiento del cáncer que padece.
Con las conclusiones de los defensores del ex ministro provincial finalizó la instancia de alegatos. El proceso seguirá el lunes 9 de junio con las últimas palabras de las partes previo al veredicto, que se fijó para el 18 de junio.
El juicio oral y público investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones que sucedieron en el hospital público provincial entre marzo y junio de 2022.
La principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos. Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos por el mismo delito pero en grado de tentativa. Durante los alegatos su defensa insistió en su inocencia, pidió su absolución y dijo que fue usada en la causa como "perejil".
Además, 10 funcionarios públicos están acusados de omisión de deberes y encubrimiento, entre ellos el ex ministro de la gestión de Juan Schiaretti para quien la fiscalía pidió la pena de tres años de prisión en forma condicional y tres años de inhabilitación. La querella, por su parte, reclamó condenas mayores y de cumplimiento efectivo.
El abogado Carlos Nayi, representante de las familias de las víctimas, señaló una supuesta conducta encubridora por parte de Cardozo y la “eliminación de evidencia”. “Todos mataron, una de manera directa y otros creando el clima propicio para que Brenda Agüero siguiera matando", argumentó el letrado.
Otra ex funcionaria de cargo jerárquico imputada, es la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, quien en su momento declaró que “no sospechó de ninguna conducta criminal” dentro de la institución que dirigía al momento de las muertes. Negó las acusaciones sobre “falsedad ideológica” despegándose de las responsabilidades que se le imputaron.
Durante los alegatos, la querella indicó que los ex funcionarios tenían conocimiento que algo estaba ocurriendo y nunca denunciaron, eligiendo mantener los hechos dentro de la institución. Razón por la cual, dicha omisión fue decisiva en la permisividad del accionar de la enfermera.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación, integrada por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y el jurado popular determinarán las penas. En un primer momento, estaba previsto que el veredicto se diera a conocer el 2 de junio, pero finalmente con la dilatación de las audiencias quedó fijado para el 18 de junio.
Días atrás, los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini, expusieron sus conclusiones y pidieron la pena máxima para Brenda y otras más leves para los funcionarios. En tanto, los abogados querellantes se distanciaron de la fiscalía y solicitaron prisión efectiva para las y los altos mandos del hospital y del Ministerio.
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