Contra todo: el Gobierno eliminó programas de inclusión, diversidad y prevención de la violencia de género

El Gobierno eliminó este viernes, a través del Ministerio de Justicia, cinco programas encargados de combatir la violencia de género en el marco de sus políticas contra el movimiento feminista y el ajuste del Estado.

Así lo hizo a través de la Resolución 291/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en la  que el Ministerio de Justicia dejó sin efecto cinco de los programas que habían sido establecidos por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado por el ex presidente Alberto Fernández. La medida fue firmada por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona.

Los programas dados de baja son:

• Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género.
• Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
• Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad "Macachas y Remedios".
• Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado “Formar Igualdad”.
• Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad.

Según los considerandos de la resolución, la decisión se basa en los informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Unidad de Auditoría Interna del entonces Ministerio de las Mujeres. Los documentos señalaron deficiencias en la administración de recursos públicos, superposición de funciones con otras dependencias y "falta de indicadores de impacto que justifiquen la continuidad de los programas".

El texto oficial afirma que el funcionamiento de las iniciativas eliminadas mostró además “limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas sociales”, y que su revisión forma parte de una estrategia de simplificación del Estado. También considera la necesidad de reasignar recursos a políticas públicas “sustentadas en evidencia empírica” y que estén alineadas con los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal.

En ese sentido, el Gobierno argumentó que los recursos del Estado son limitados y que deben destinarse a programas “con mecanismos claros de monitoreo y evaluación”, que tengan “impacto efectivo y verificable en la promoción de políticas de género”.

La resolución de Cúneo Libarona instruye a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa a adoptar las medidas necesarias para implementar la decisión.