Myriam Mohaded
Imaginemos que no hay librerías independientes. Ni editoriales. Ni librerías en los barrios. Ni en los pueblos o ciudades pequeñas. Ni presentaciones de libros en donde podamos encontrarnos. Ni sugerencias de libreras/os que van más allá de los éxitos comerciales. O autoras y autores que difícilmente puedan publicar ensayos o poesías.
El mundo librero en alerta y con él también las y los lectores. Los libros son uno de los bienes culturales más emblemáticos que tenemos. El sector que lo nuclea se encuentra jaqueado ante el proyecto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretenden enviar al Senado para derogar la Ley del Libro (25.446) y la Ley de Protección de la Actividad Librera (25.542).
La industria que atravesó pandemias, inundaciones, censuras, alquileres por las nubes, costos fijos exorbitantes, crisis de todo tipo y tenor, nuevamente se ve en una encrucijada de un aspecto que ya se incluía en la ley Bases (2023). La movilización del sector fue clave para frenarla. No es la primera vez, y quizá no sea la última del embate a los bienes culturales.
Derogar la ley no implica libros más baratos. Lo dicen editores, autores, libreros. Pero, ¿quienes ganan? Casi que los de siempre: quienes pueden vender libros hoy a pérdida para dominar el mercado mañana, en una competencia desleal.
La norma actual, creada en el 2001, garantiza que un libro tenga un precio único y fijo en todo el territorio nacional durante un tiempo determinado. De este modo, se impide que las grandes cadenas comerciales impulsen descuentos como estrategias para atraer clientes.
Es cada editor quien decide el precio, aspecto que pone a las librerías de todo el país en igualdad de condiciones. Si bien este es uno de los nodos centrales, no el único. También tendría sus implicancias en más trabajadores de la cultura sin trabajo- editores, autores, diseñadores, imprentas-, falta de soberanía, y una industria editorial nacional en crisis.
La Fundación "El Libro" expresó su preocupación en un comunicado en el que se manifiesta que las librerías son patrimonio cultural de nuestro país y "no representan meros puntos de venta de mercancía. Son verdaderos faros culturales, espacios de encuentro democrático y de promoción de la lectura. Su valor social e histórico excede cualquier lógica de mercado tradicional".
"La desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles de la cadena —libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores— y favorece la concentración, poniendo en riesgo real de cierre a cientos de espacios que dan vida a nuestras ciudades", expresa el comunicado.
Para el librero Luis Carnero, de Mundo Lectura, quien cuenta con más de cuarenta años en el rubro expresa que "de alguna manera, si esta ley se anula, afectaría a las librerías más pequeñas e independientes, porque hoy existen varias cadenas de librerías y grandes operadores -supermercados y grandes superficies- que venden libros y tienen mayor posibilidad de negociación con las editoriales. Por lo consiguiente, consiguen libros a mejor precio".
Carnero afirma que, las pequeñas librerías no podrían competir por precio con las cadenas y supermercados que van a vender solo las novedades y obras de punta, dejando de lado el fondo editorial de menor venta. "Con el paso del tiempo cerrarían muchas librerías chicas quedando solo los grandes operadores que decidirán el precio del libro", afirma en diálogo con Cultura en la aldea.
En relación al precio único del libro fijado por la editorial que lo publica y válido en todo el país, desde Editorial Babel, con veinticinco años de existencia y supervivencia, Ramiro Iraola expresa: "Si no fuera así, los libros podrían venderse en cadenas y grandes superficies a precios por bajo su costo si es necesario, para quedarse con el total de un 'negocio' que no es igual al de producir hamburguesas o celulares".
Iraola dice que en este caso no es "regulación en beneficio de unos pocos" ni "pescar en la pecera", sino que se trata de la supervivencia de este sistema donde miles de autores/as, con textos de poesía, novelas, historietas o investigaciones y ensayos sobre distintos temas, acuden a los cientos de editoriales que existen en el país, para que con esfuerzos y sorteando las complicaciones propias de nuestra economía, siempre en emergencia, hagan llegar a las librerías sus textos convertidos en libros. "Desde ahí los libreros con un trabajo de hormiga difunden, comentan y ayudan a esos libros a encontrar caminos hasta llegar a los lectores".
El editor argumenta que es imposible pretender que una multinacional se interese en publicar, difundir y vender libros con bajas tiradas. Si la ley se deroga y desaparecen cientos de librerías en ciudades pequeñas y grandes de Argentina, "si desaparecen pequeños y medianos emprendimientos editoriales en todo el país, si autoras y autores se quedan sin poder publicar y exponer su producción literaria y científica, no solamente habrá una nueva oleada de desocupados que deben 'reconvertirse' en esta economía de mercado. Vaciarán de contenido y diversidad la producción literaria del país, y la suplantarán seguramente por pocos y espectaculares títulos, sólo aquellos que sirvan a los intereses de quienes los producen".
Por su parte, Barbi Couto, de Ediciones La Terraza, quien trabaja en el mundillo independiente desde los roles de editora, librera, feriante, periodista cultural y mediadora de la lectura, autora y lectora, reconoce al ecosistema del libro como una "comunidad llena de activismo apasionado y voluntarismo, en todas sus instancias: de producción, de distribución, de mediación. Siempre atravesada por dificultades económicas para producir, problemas de logística y falta de recursos para la adquisición de libros".
"El valor social y cultural asociado a los libros en particular y a la lectura en general es indiscutible en nuestro país pero es difícil que esté acompañado por los recursos para garantizarlo".
Couto afirma que como editora defiende la existencia de las pequeñas librerías, que ponen atención, entusiasmo y valor a los sellos independientes que intentan día a día publicar libros diferentes, necesarios, que desafíen las modas comerciales y presten atención a lo propio, lo local.
"Como librera independiente necesito poder enfocarme en la construcción de una comunidad (barrial, cercana, propia) a través de actividades culturales y recomendaciones que fortalezcan el vínculo y el acceso a la lectura; y no en tener que inventar estrategias para sobrevivir una competencia atroz y desigual con plataformas o corporaciones con las que ya sé que voy a perder".
Lo que dicen mediadores de la lectura y librerías independientes es cierto, afirma Couto: "El precio único del libro, fijado por el editor y respetado por todos los puntos de venta -sin importar su tamaño, su alcance o su poder económico- garantizado por esta ley, ha sido la forma que se ha encontrado de proteger la actividad editorial de un tsunami corporativo que se la puede llevar puesta".
"Proteger la ley del libro hoy es una necesidad para todo el sector editorial nacional porque es mentira que los libros serán más baratos si esta ley desaparece. La pregunta que podemos hacernos es a quién le conviene que esta ley se derogue, porque claramente no es a ninguno de los protagonistas del mundo del libro, incluidos las y los lectores", reflexiona.
Desde otra perspectiva, la editorial universitaria Eduvim emitió un comunicado en el que expresa la defensa del precio único de venta al público. Detalla que la ley 25.542 no constituye un subsidio estatal ni representa gasto público. Es un marco normativo equitativo —extendido en las industrias culturales más avanzadas del mundo como Alemania, Francia o España— que evita la concentración del mercado.
La iniciativa que ronda en el sector es una amenaza al mapa cultural y federal puesto que "romper con esta ley profundizará la centralización porteña del mercado del libro y condenará a la extinción a cientos de librerías del interior del país", añade.
"Como editorial universitaria surgida en el interior cordobés y con vocación profundamente federal, sabemos que el libro no es una simple mercancía commodity. Es un bien cultural, un vehículo del pensamiento crítico y una herramienta indispensable para el desarrollo de la educación, la ciencia y la soberanía de los pueblos", se expresa en su página web.
Las alarmas están encendidas. El rechazo del sector es categórico. Una de las numerosas campañas que circulan en redes sociales dio una respuesta clara: "No defendamos privilegios, defendemos la cultura viva de nuestro país y tu derecho a que un algoritmo multinacional no decida qué tenés que leer".
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