
Por decreto, el Gobierno limita a la UIF: ya no podrá querellar en causas de corrupción y lavado
Redacción La NUEVA Mañana




Por decreto, el Gobierno de Javier Milei limitó el campo de acción de la Unidad de Información Financiera (UIF) - que cuenta con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia- y desde ahora ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Gobierno justificó la limitación, a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que aseguró que esta responsabilidad puede "afectar su autonomía e independencia operativa”.
En detalle, el Gobierno redefinió las funciones, objetivos y facultades de la UIF para evitar la "superposición" de facultades con otros organismos estatales. De esta manera, desde la Casa Rosada derogaron el Decreto N° 2226/08 - que databa de 2008 - mediante el que la UIF había conseguido su rol de querellante en la investigación de comisión de delitos relativos al encubrimiento y lavado de activos de origen ilegal.
"La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento", señala la norma.
"Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado", agrega.
El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.
Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere "que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
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