Redacción La Nueva Mañana
"Defender lo que es del pueblo" fue la consigna que resonó por las calles de Córdoba. Este jueves la marcha federal en defensa de la salud pública confluyó con la movilización que rechazó la transformación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en una Sociedad Anónima.
"La salud pública y la empresa energética, que sufren el ajuste demencial que baja desde la Nación, con Javier Milei a la cabeza y con Martín Llaryora siendo su soldado mas obediente, se ve reflejado en la precarización de los trabajadores", expresó la Unión de Trabajadores de la Salud que encabezó la macha acompañada por organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles.
Miles de personas en Córdoba y en el país denunciaron los ataques que sufre el sector y la precarización laboral de las y los trabajadores. Estela Giménez, dirigente de la UTS explicó en diálogo con La Nueva Mañana, que el desmantelamiento de las instituciones "vulnera los derechos mas básicos de los y las cordobesas como lo es el acceso a la salud pública".
Profesionales de la salud junto a usuarios advirtieron el desguace en programas de prevención y tratamiento de VIH y otras infecciones de trasmisión sexual (ITS), en el presupuesto para el tratamiento de salud mental y el tratamiento de cáncer y el desmantelamiento del programa de cuidados paliativos.
"La marcha de hoy conjuntamente con la de los compañeros de Luz y Fuerza es una muestra de que este pueblo no se resigna" dijo Giménez y exigió: "Basta de precarización, basta de salarios míseros que condenan al pluriempleo, basta del vaciamiento de los programas de salud".
En Buenos Aires, la Marcha Federal por la Salud Pública partió del Ministerio de Salud de la Nación y se movilizó hasta la Plaza de Mayo.
Cabe recordar que en su afán de conseguir un déficit cero sin importar el costo social y humano, la gestión de Javier Milei se negó a aumentar sueldos, desfinanció áreas de investigación en salud, congeló presupuestos y efectuó despidos masivos.
Entre los recortes más resonantes, están los sufridos en el Hospital Garrahan, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas.
Sin ir más lejos, el Gobierno desmanteló suspendió la compra de opioides para apaciguar el dolor de pacientes oncológicos y desmanteló el programa de cuidados paliativos que sostiene el Instituto Nacional del Cáncer, efectuando múltiples despidos.
