La Agencia Nacional de Discapacidad usó también el término "débil mental" en una resolución con criterios para la entrega de pensiones por invalidez. Cuestionan que estas expresiones "estigmatizantes y discriminatorias" atrasan 200 años.
País27/02/2025
Redacción La Nueva Mañana
La utilización de las palabras "idiota", "imbécil" y "débil mental" en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), publicada el pasado 14 de enero, suscitó una ola de repudios, que incluye a diversas figuras públicas y referentes políticos, como a organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad.
"Expresamos nuestro repudio a la reciente Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que en sus páginas 36 y 37 introduce clasificaciones profundamente estigmatizantes y discriminatorias para las personas con discapacidad intelectual", expresaron la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y la Red Argentina Trisomia 21.
La normativa publicada en el Boletín Oficial emplea estos términos "ofensivos y obsoletos", como los calificaron estas organizaciones, para categorizar a las personas según su coeficiente intelectual, en relación a los criterios para percibir pensiones no contributivas.
En ese marco, advierten que "estas expresiones, además de ser inaceptables desde una perspectiva ética y de derechos humanos, refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual".
Agregan que dichas expresiones, introducidas en 1912, fueron reemplazadas hace 70 años.
"El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación", subrayan y exhortan a no definir a la discapacidad a través de este tipo de criterios que "perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad".
Asdra exige la inmediata rectificación de esta resolución y el reemplazo de esta terminología por un "lenguaje acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con el modelo social de la discapacidad".
La diputada cordobesa Natalia de la Sota, del bloque Córdoba Federal, por su parte, también repudió la utilización de estos términos en la resolución de la Andis, a través de una publicación en sus redes sociales. Bajo el título "Ignorancia y crueldad", cuestionó que el organismo nacional "reincorpora terminología obsoleta y degradante" en la evaluación de personas con discapacidad intelectual para otorgar las Pensiones no contributivas.
Su par Daniel Arroyo, del bloque Unión por la Patria, por su parte, presentó un proyecto de ley para derogar esta resolución. En sus redes cuestionó que con la utilización de estos términos se "vuelve 200 años para atrás". Asimismo, analizó que hay tres hipótesis posibles para pensar en quienes incorporaron estos términos: "son ignorantes y no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo en la Andis; son perversos y buscan un ajuste para lastimar a las personas; o son ignorantes y perversos".
En tanto, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, apuntó que "la utilización de términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad por parte de organismos del estado constituye un verdadero acto de violencia institucional".
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