La investigación para esclarecer el intento golpista, que sucedió en 2023 tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, culminó en la presentación de cargos contra el ex presidente. La denuncia de la Policía apunta a 37 personas, entre ellos militares de alto rango y ex funcionarios.
Mundo21/11/2024
Redacción La Nueva Mañana
El pasado martes, la Policía Federal (PF) realizó una operación para avanzar con la investigación sobre el intento de golpe de Estado que sucedió el 8 de enero de 2023, con el objetivo de impedir que el presidente Lula da Silva asumiera el cargo tras su victoria en las elecciones de 2022.
El plan, que incluía el asesinato del mandatario brasileño y del vicepresidente Alckmin, fue impreso en el Palacio de Planalto en noviembre de 2022, cuando ocupada la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro.
La Policía Federal de Brasil (PF) presentó cargos contra el expresidente Bolsonaro este jueves, sindicándolo como presunto responsable del intento golpista.
La denuncia de la Policía Federal apunta a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de "abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita".
La lista fue publicada en la página oficial de la institución de brasilera y señala a Jair Messias Bolsonaro -presidente del país entre 2019 y 2022- como uno de los responsables, junto a funcionarios y militares de alto rango.
El plan preveía el envenenamiento, el uso de explosivos y armamento pesado para "neutralizar" a Lula da Silva, a Alckmin y al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. La investigación también indicó que se crearía un "gabinete de crisis" después de los asesinatos.
En la lista de acusados se encuentra el general de la reserva del Ejército, Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa; el ex comandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el presidente del Partido Liberal bolsonarista, Valdemar Costa Neto; el ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Agusto Heleno; y el empresario argentino y asesor del expresidente de Brasil, Fernando Cerimedo.
El presidente Lula, tras conocer que el plan incluía su asesinato, declaro que está gradecido de estar vivo y agregó: "No quiero envenenar a nadie, no quiero perseguir a nadie. Lo único que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos con números a quienes gobernaron antes que nosotros".
"Quiero medir con números quién hizo más escuelas, quién atendió a los más pobres, quién hizo más carreteras, más puentes, quién pagó más salario mínimo en este país, eso es lo que quiero medir porque eso es lo que cuenta en los resultados de la gobernabilidad", agregó el mandatario.
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