Redacción La Nueva Mañana
Organismos de Derechos Humanos de Córdoba emitieron un comunicado en el expresaron su preocupación y consternación ante el asesinato de Susana Beatriz Montoya, de 74 años, que fue hallada sin vida por su hijo Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S. Córdoba e hijo del policía y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ricardo Fermín Albareda, quien fue torturado y asesinado en la "Casa de Hidráulica" de Villa Carlos Paz en 1979 y aún continúa desaparecido.
El hallazgo de la mujer se produjo el viernes pasado, en el domicilio de la víctima, ubicado en barrio Ampliación Poeta Lugones. La Policía constató que presentaba heridas cortantes y golpes, por lo que se interpreta que fue asesinada. Pero además, en el interior de la casa se encontró un mensaje amenazante que, según se supo, decía: "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Policía".
Esta amenaza se suma a otras que Fernando Albareda y su familia venían recibiendo desde hacía tiempo. Cabe recordar, también, que en mayo pasado fue arrancado el cartel que señalizaba a la "Casa de Hidráulica" como espacio de memoria y ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio.
A través del comunicado que firmaron en conjunto, H.I.J.O.S. Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Córdoba, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, la Asociación de Ex Presos Políticos Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos exigen a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo, "la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad"; y "la seguridad y protección EFECTIVA YA al compañero Fernando Albareda y a toda su familia".
El documento concluye, vinculando este crimen a los llamados "discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad", a los que considera un "peligro latente" cuando "verdaderamente pasan a la acción".
En la llamada "Causa Albareda", se certificó que Ricardo Fermín Albareda, que era subcomisario de la Policía y militaba en el PRT, fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por la dictadura cívico militar en septiembre de 1979 en la llamada "Casa de Hidráulica", ubicada a la vera del Lago San Roque.
Además del natural dolor familiar y la exigencia de justicia por el crimen de la mujer; el contexto en el que se enmarca y las situaciones en que se perpetró el asesinato encienden las alarmas respecto a la manera en que "mano de obra" vinculada a los actores del terrorismo de Estado en Córdoba siguen operando "en las sombras"; y también, como advierten los organismos de Derechos Humanos, a la violencia práctica, material y concreta que opera como consecuencia de la validación de los discursos de odio y el negacionismo del terrorismo de Estado.
El Poder Judicial tiene el deber de actuar de manera contundente y transparente en esta investigación para despejar dudas y llegar al fondo de las responsabilidades detrás de este crimen.
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