Redacción La Nueva Mañana
La Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba promovió una acción penal contra los camaristas federales Graciela Susana Montesi y Abel Guillermo Sánchez Torres, por la presunta admisión de dádivas.
Los jueces, que sostienen una relación de pareja, son investigados por un vuelo privado a Punta del Este que, según el expediente, podría estar vinculado a Porta Hnos. SA, la empresa ubicada en la zona sur de la ciudad que fue denunciada por contaminación ambiental.
En la causa, ambos magistrados fallaron a favor de la compañía, rechazando una Evaluación de Impacto Ambiental que solicitaron las familias del barrio San Antonio.
El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Federal N° 2 por los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedian, quienes advirtieron que Montesi y Sánchez Torres habrían viajado desde Córdoba hacia Punta del Este el 29 de marzo de 2024 y regresado el 2 de abril del mismo año.
Ambos trayectos se realizaron en la aeronave privada matrícula LV-WTP, propiedad de Airjet SA. Según el expediente, un vuelo de esas características cuesta unos u$s17.020 por tramo, por lo que el valor total del beneficio habría ascendido a aproximadamente u$s34.000.
Para la Fiscalía, el viaje podría haber sido facilitado por empresarios relacionados a Porta y al Grupo Astori. Sin embargo, el requerimiento aclara que aún no fue posible identificar a la personas que habría financiado el traslado de los camaristas.
En abril los magistrados quedaron envueltos en otra acusación, bajo la órbita del juez Alejandro Sánchez Freytes. En esa causa son señalados por, supuestamente, manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
La Justicia puso el foco en la relación de la aeronave con dirigentes de Porta. La Fiscalía señaló que José Vicente Ramón Porta, titular de la empresa hasta su fallecimiento, presidió Airjet hasta abril de 2021.
Además, los registros migratorios indicarían que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando el avión después de haber dejado de formar parte del Directorio de la sociedad propietaria.
En este sentido, uno de los expedientes examinados es el amparo ambiental iniciado en 2016 por vecinos y vecinas de barrio San Antonio contra Porta, advirtiendo el peligro ambiental que representaba la planta. En ese momento, la camarista Montesi votó en línea con los planteos de la empresa, desactivando el pedido de la ciudadanía.
En 2025, Sánchez Torres acompañó a Montesi con su voluntad y permitió hacer lugar al recurso de queja de la empresa que se oponía a la demanda de los habitantes del barrio.
Ese mismo año, el y la camarista fueron parte de una causa tributaria iniciada por Porta contra la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos y conformaron la mayoría que dejó sin efecto una multa impuesta a la compañía por una presunta omisión fiscal.
Tras la reconstrucción de las intervenciones judiciales de los acusados, los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedian consideran que existen motivos suficientes para sospechar que los magistrados aceptaron un beneficio económico.
Otra posibilidad que evalúa la Fiscalía es que los jueces viajaron junto con María Pía Astori, referente del Grupo Astori, y Guillermo Alberto Assales, quien se encontraba vinculado con Astori Estructuras SA. Ambos empresarios sostuvieron relaciones societarias con Airjet, titular del avión, según reportó Cadena 3.
Lo llamativo es que tanto Montesi como Sánchez Torres intervinieron en litigios promovidos por el Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar contra el Estado nacional y la Fuerza Aérea Argentina, a cargo de Astori Estructuras.
