Se trata de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que cuentan con 81 puntos en el país. El coordinador regional de la Zona Centro, Sergio Job, defendió este programa que trabaja "en barriadas populares, en zonas rurales y en comunidades indígenas, donde la presencia del Estado es escasa".
Córdoba11/06/2024
Pablo Javier Rodríguez
El Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, al considerar que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias. La decisión es también responsabilidad de la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro.
Consultado por La Nueva Mañana, el coordinador regional de la Zona Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) de los CAJ, Sergio Job, defendió este programa que "cumple una función fundamental en el acceso a muchos derechos, que están declamados, pero a los que un importante sector de la sociedad no accede".
Precisó Job que en los nueve CAJ que él tiene a su cargo, hay 37 trabajadoras y trabajadores; y que 12 fueron despedidos hace dos meses. Si se concreta el cierre del programa, 13 personas cordobesas quedarían sin su trabajo.
"Somos un lugar de consulta y atención primaria, en términos de acompañamiento, e intervenimos de manera interdisciplinaria. Los equipos tienen un abogado, un psicólogo, una trabajadora social y un administrativo", detalló Job.
En el comunicado del Ministerio de Justicia en el que se informa el cierre de los CAJ, se alude a ellos como "cajas de la política" que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del poder judicial y otras dependencias".
En contraste, Job subrayó que los CAJ trabajan "en barriadas populares, en zonas rurales y en comunidades indígenas, donde la presencia del Estado es escasa"; realizando "mediaciones comunitarias, lo que que muchas veces evita la hiperjudicialización de cualquier conflicto".
Remarcó Job que se trata de "un espacio de cercanía, que está en el territorio" y que muchas veces se mueve a través de operativos itinerantes. "Lejos de ser cerrado, habría que multiplicarlo", subrayó.
Finalmente, el texto oficial afirma que es injustificable el sostenimiento de los CAJ porque "todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos".
"Lo que publicó el gobierno es mentira", aseguró categóricamente Sergio Job. Y completó: "Es mentira que vale 8.000 millones de pesos esta política y es mentira que la gente tiene solucionado el acceso a la justicia con los tribunales. Ésa es una concepción muy restringida de lo que es el acceso a la justicia, que no se limita a judicializar algo. Implica acompañar y escuchar a comunidades y personas que tienen situaciones complicadísimas y sufren el abandono de la sociedad y el Estado. Con la desaparición de los CAJ, miles de ciudadanos se quedan sin un lugar para solucionar problemáticas complejas y graves".
Agregó que con la quita de este programa, "las comunidades pierden capacidad instalada y personal formado profesional y humanamente"; y que el Estado pierde también "una política pública con 15 años de experiencia".
"De esto tendrían que tomar nota los gobiernos provinciales, que tendrían que defender los CAJ, porque les solucionamos un montón de problemas", concluyó y subrayó que entre 2020 y 2023, a nivel nacional, los CAJ realizaron más de 1.300.000 gestiones.
Noticias relacionadas:
Su familia precisó que "pudieron colocarle la válvula y un catéter para desviar el exceso de líquido cefalorraquídeo (LCR) al abdomen". Está internado desde el 12 de marzo, cuando fue herido por Gendarmería, en el marco de una marcha de jubilados.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en marzo una suba interanual del 5,6%, en comparación con el mismo mes de 2024, cuando el país atravesaba una marcada recesión. En tanto, cayó un 1,8% con respecto a febrero.
Junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, repudió la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado Nacional en la negociación salarial.
El secretario General de ATE Capital y secretario Adjunto de la CTA, Daniel Catalano, cuestionó el DNU 340/2025, a través del cual el Gobierno Nacional amplía las actividades consideradas esenciales, para limitar el derecho a huelga.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba informó que aceptaron el cargo los estudios contables sorteados para asumir la sindicatura colegiada en la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista (actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos SA).
Un feroz incendio se desató en las primeras horas de este martes en un aserradero de la localidad de Villa Cura Brochero. El fuego comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en el local de venta de madera y carpintería “Tierra Roja”, ubicado en calle Domingo Acevedo al 100.
Está dirigida a personas radicadas en toda la provincia de Córdoba, que se sientan en condiciones de brindarle un entorno familiar afectivo y estable.
El Directorio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se presentó en el Ministerio del Trabajo y propuso suspensiones por seis meses y abonar el 50% de los salarios. El sindicato rechazó el pedido. La negociación continúa el lunes.
Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares si pagaban una suscripción a la compañía IM Mastery Academy. Es la primera sentencia contra la empresa estadounidense.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reveló en un informe que el endeudamiento "ha dejado de ser una herramienta transitoria para convertirse en un fenómeno estructural".
El Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada mediante un amparo colectivo, por personas y organizaciones de diversas provincias; entre ellas, Córdoba.
A través de un comunicado, rechazan versiones periodísticas que dan cuenta de la posibilidad de que el Gobierno de la Provincia otorgue aumentos por decreto de entre el 1% y el 1,8%, en línea con lo planteado por el gobierno de Javier Milei.
Gabriela Manfredi, ex dueña de un local que funcionaba en el mismo lugar donde cayó el revestimiento del edificio contó que la obra se desarrolló de manera "negligente". En 2012 inició una demanda contra la constructora Fito S.R.L. y la Justicia le dio la razón.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reveló en un informe que el endeudamiento "ha dejado de ser una herramienta transitoria para convertirse en un fenómeno estructural".
La conducción gremial y los espacios de “Alternativa 16 N” y “Autoconvocados”, en unidad, demandan la equiparación salarial al 90% con la Justicia Federal. Este miércoles inicia un paro de 72 horas, que concluirá el viernes con una movilización.
