Pablo Javier Rodríguez
El Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, al considerar que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias. La decisión es también responsabilidad de la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro.
Consultado por La Nueva Mañana, el coordinador regional de la Zona Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) de los CAJ, Sergio Job, defendió este programa que "cumple una función fundamental en el acceso a muchos derechos, que están declamados, pero a los que un importante sector de la sociedad no accede".
Precisó Job que en los nueve CAJ que él tiene a su cargo, hay 37 trabajadoras y trabajadores; y que 12 fueron despedidos hace dos meses. Si se concreta el cierre del programa, 13 personas cordobesas quedarían sin su trabajo.
"Somos un lugar de consulta y atención primaria, en términos de acompañamiento, e intervenimos de manera interdisciplinaria. Los equipos tienen un abogado, un psicólogo, una trabajadora social y un administrativo", detalló Job.
En el comunicado del Ministerio de Justicia en el que se informa el cierre de los CAJ, se alude a ellos como "cajas de la política" que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del poder judicial y otras dependencias".
En contraste, Job subrayó que los CAJ trabajan "en barriadas populares, en zonas rurales y en comunidades indígenas, donde la presencia del Estado es escasa"; realizando "mediaciones comunitarias, lo que que muchas veces evita la hiperjudicialización de cualquier conflicto".
Remarcó Job que se trata de "un espacio de cercanía, que está en el territorio" y que muchas veces se mueve a través de operativos itinerantes. "Lejos de ser cerrado, habría que multiplicarlo", subrayó.
Finalmente, el texto oficial afirma que es injustificable el sostenimiento de los CAJ porque "todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos".
"Lo que publicó el gobierno es mentira", aseguró categóricamente Sergio Job. Y completó: "Es mentira que vale 8.000 millones de pesos esta política y es mentira que la gente tiene solucionado el acceso a la justicia con los tribunales. Ésa es una concepción muy restringida de lo que es el acceso a la justicia, que no se limita a judicializar algo. Implica acompañar y escuchar a comunidades y personas que tienen situaciones complicadísimas y sufren el abandono de la sociedad y el Estado. Con la desaparición de los CAJ, miles de ciudadanos se quedan sin un lugar para solucionar problemáticas complejas y graves".
Agregó que con la quita de este programa, "las comunidades pierden capacidad instalada y personal formado profesional y humanamente"; y que el Estado pierde también "una política pública con 15 años de experiencia".
"De esto tendrían que tomar nota los gobiernos provinciales, que tendrían que defender los CAJ, porque les solucionamos un montón de problemas", concluyó y subrayó que entre 2020 y 2023, a nivel nacional, los CAJ realizaron más de 1.300.000 gestiones.
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