Salarios docentes: “La restitución del Fonid es prioritaria”

LNM dialogó con la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning acerca de temas cadentes dentro de la actual agenda política. Además del restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente, la legisladora nacional también manifestó que desde la UCR proponen "el establecimiento de la educación como servicio estratégico esencial".

Política 02/06/2024 Flavio colazo
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CON EL FOCO EN LA EDUCACIÓN. La diputada Brouwer de Koning en diálogo con LNM: "Necesitamos garantizar no solo sostener el salario, sino también incluir un piso mínimo de prestación de servicio ante paros docentes en todas las provincias del país". Foto gentileza

Universidad de Río Tercero, Presupuesto y Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

¿Cuáles son las expectativas que tienen usted y su espacio político (UCR) con relación al tratamiento parlamentario que se está desarrollando en aras de obtener una ley que garantice los presupuestos de todas las universidades nacionales? 

-Creo que la respuesta de la sociedad argentina en este tema ha sido contundente. La marcha convocada por el CIN, la FUA y los trabajadores de las universidades respaldó profundamente el trabajo que posteriormente se impulsó desde el Congreso y en el desarrollo de las negociaciones con los rectores. Las universidades necesitan fondos para funcionar y pagar los salarios, es una responsabilidad constitucional del Estado Nacional garantizar recursos y asegurar la autonomía y autarquía financiera. Aquí quedan incluidas todas las universidades, inclusive las de reciente creación como la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT). 

¿Cómo avizora que podría resolverse este estado de conflictividad?

 - Para evitar estos conflictos, el sistema institucional argentino establece una serie de plazos y etapas para el desarrollo de conversaciones entre el Consejo Interuniversitario, el Poder Ejecutivo y el Congreso que no se desarrollaron debido a cuestiones de cambio de gobierno y por la perspectiva sobre la inversión en educación superior que hay en Casa Rosada. La premisa es la siguiente: antes de que el Poder Ejecutivo presente el Proyecto de Ley de Presupuesto, el CIN envía al Poder Ejecutivo una propuesta sobre la cantidad de recursos que necesitarán las universidades para funcionar, esto luego se considera para prever los fondos destinados al rubro de Educación Superior de la Ley de Presupuesto y luego el Congreso define.  Al caerse la propuesta de Ley de Presupuesto que envió Massa en octubre debido al resultado de las elecciones nacionales, se volvió a foja cero. Al reconducir el presupuesto nacional, el gobierno definió mantener los mismos recursos del año pasado, que claramente resultaron insuficientes debido a la escalada inflacionaria, por lo cual la comunidad universitaria exigió predisposición de escucha al gobierno nacional.

¿Y cómo continúa este asunto en el Congreso?

-La acción en el Congreso sigue por los rieles previstos, ya que con un sentido de responsabilidad fiscal hemos estado trabajando en un proyecto que asegure parámetros claros respecto a la definición presupuestaria. Percibimos positiva la decisión del gobierno de aumentar 270% las partidas para gastos de funcionamiento, pero esto es el 10% del presupuesto universitario. Se han constituido mesas de trabajo para resolver los problemas con las obras suspendidas, las becas para estudiantes, los proyectos científicos y especialmente la cuestión salarial, porque los docentes universitarios perdieron un 42% del poder adquisitivo. Vamos a estar muy atentos con lo que pase en estos días. 

¿Mediante cuáles mecanismos se puede lograr la restitución del Fonid?

-Respecto del Fonid, el radicalismo expuso su propuesta que está lista para ser considerada en recinto. Para nosotros la restitución del Fonid es prioritaria, hasta que se genere una propuesta que lo reemplace y que sea discutida en donde tiene que discutirse, el Consejo Federal de Educación. Junto con esto proponemos el establecimiento de la educación como servicio estratégico esencial, sin vulnerar el derecho a huelga en Argentina. Es un enfoque nuevo para un problema viejo: Desde la vuelta a la democracia en 1983, hace 40 años, no hubo un solo año lectivo en que los alumnos de nivel primario hayan podido cumplir con los 180 días de clases previstos por ley en Argentina. Y las razones son los paros docentes y escuelas cerradas. Para evitar esto se necesitan docentes bien pagos -y chicos estudiando-. Mire, nosotros creemos que a 26 años de la Ley del Fonid (1998), necesitamos garantizar no solo sostener el salario, sino también incluir un piso mínimo de prestación de servicio ante paros docentes en todas las provincias del país. Y aclaro que no estamos innovando, por el contrario Argentina llega 20 años tarde en este enfoque que es reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este cambio de enfoque inició en Europa en el 2000 y los países comenzaron a cambiar la relación entre conflictos docentes y derecho a la educación en la infancia. Italia (2000), España (2006) y Francia (2008) aseguraron escuelas abiertas aun cuando los adultos discutieran salarios. En la región lo han hecho Perú (2007) e incluso Ecuador -con Correa- en la reforma constitucional de 2008. Es un modelo internacional de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que en caso de paro docente se deben garantizar escuelas abiertas en horarios habituales, normalidad en el servicio de alimentación, no afectar el proceso educativo ni el cuidado del alumnado y asistencia mínima incremental según la magnitud de la medida: 

-En la reciente entrevista al titular de Adiuc -publicada el domingo pasado en LNM - Javier Blanco expresó, luego de la jornada de 24 de mayo del Acuerdo Federal por el Futuro de la Educación y la Ciencia, que “el ajuste salarial sobre los trabajadores universitarios está asfixiando al funcionamiento de la universidad pública” poniendo en riesgo las posibilidades del dictado de clases en varias carreras. ¿En qué medida le preocupa esto en vinculación a la reciente Universidad de Río Tercero? 

-Las leyes de presupuesto siempre establecen recursos para acompañar los procesos de arranque de las universidades de reciente creación, a pesar de que esto no ha sido resuelto por el gobierno nacional, hemos avanzado en varias instancias de debate con el Ministerio de Capital Humano en donde mostramos todo el trabajo realizado para asegurar la normalización institucional. Esa normalización prevista por la Ley de Educación Superior no ha implicado gasto alguno al Estado, ya que todo fue a pulmón y ad honorem. 

¿Han hablado sobre esto con el rector designado, Pablo Yannibelli? ¿Cómo han analizado el panorama al respecto?

-Sobre esto quiero destacar el trabajo del rector Normalizador Yannibelli -quien fue ratificado en sus funciones debido a la seriedad de su trabajo- y del Intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien ha definido como un eje de su gestión a la UNRT. En este momento estamos esperando la aprobación del plan institucional, del estatuto y la puesta a punto de las carreras -que van a tener absoluta pertinencia con las necesidades socios productivas de la región-. En paralelo se continúa con la instalación de la Universidad en el territorio regional generando acuerdos con otras instituciones y el sector industrial y productivo y la gestión de un presupuesto.

 

Las apuestas on line no son un juego

-Usted ha mostrado una fuerte preocupación por el flagelo de la ludopatía en vistas a la apertura indiscriminada de casas de apuestas on line. ¿De qué modo pretenden intentar conjurar el avance de esta adicción? 

-Claramente este es un tema que nos interesa. La ludopatía virtual se ha expandido de manera dramática y al ritmo de los constantes avances en el uso de nuevas tecnologías. Los peligros son mayores, porque ya no hay que ir al casino, el casino está en cada casa y al alcance de un click. Esto se potencia con la irrupción de la pandemia, el aislamiento y la crisis económica. Abordando esta problemática días atrás empezamos a discutir el la Comisión de Prevención de las adicciones este tema, en donde tenemos un proyecto que apunta a crear un programa de abordaje de la ludopatía virtual en niños, niñas y adolescentes, en donde se priorice la aplicación de la Ley de Consumos Problemáticos para estos casos, se prohíba la publicidad -como se hizo en España-, se prohíba el uso de las billeteras virtuales de menores de 18 años para sitios de apuestas, y que también se apliquen mecanismos de control de identidad y edad. Y pretendemos que quienes no cumplan con esto, más allá de la aplicación del código penal, sufran severas sanciones económicas. 

¿Hay algún sector de la sociedad –por edad, por condición económica y social, o por otras características - que le preocupe en particular?

-La ludopatía virtual impacta profundamente en los más chicos. Mientras más fácil es el acceso a la apuesta virtual, más baja la edad en que se apuesta. El sistema se ha diversificado, hay videojuegos en línea, casino a través de distintas plataformas, bingos, tragamonedas virtuales y tal vez las más importantes: las apuestas deportivas. Mediante el uso de ganchos, como animaciones, sonidos y gratificaciones los prestadores estimulan el sistema cerebral de recompensa de manera similar a las drogas y el alcohol. Con el uso del big data, algoritmos, inteligencia artificial y la segmentación, el juego ahora busca al jugador y lo invita a apostar todo el tiempo por medio de alertas. Estamos muy preocupados porque papás y mamás nos escriben constantemente para que desde el Congreso apuntemos a resolver esta situación, y los docentes en las escuelas dicen que las aulas se han convertido en casas de apuestas. 

 

Ley Bases: modificaciones y alcance del dictamen.

-¿Cuál es el balance y la principal reflexión que le surge sobre la Ley de Bases y su tratamiento? 

-La Ley de Bases fue un proceso de 4 meses –aproximadamente-, donde el radicalismo tuvo un rol clave en generar diferentes propuestas que a nuestro entender eran sustancialmente positivas. El gobierno envió un proyecto de 700 artículos dónde proponía modificaciones a más de 100 leyes y pretendía aprobarlo a libro cerrado en tres semanas. Eso es imposible en un Congreso donde existe una mirada federal y plural, ya que hay 257 diputados provenientes de todas las provincias del país. Desde el principio – con el partido (UCR)- nos opusimos al ajuste a los jubilados y a poner derechos de exportación a las economías regionales, que significa destruir las economías del interior del país; rechazamos la propuesta inicial de privatizar en un mismo paquete a 41 empresas del Estado; propusimos sacar el capítulo relacionado a eliminar instituciones de la cultura  y a la modificación de la Ley de Glaciares y de bosques por considerarlas un retroceso en materia de protección; y también evitamos la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en materia previsional y que derogaran la movilidad jubilatoria. Además, se excluyeron los cambios vinculados a modificaciones del Código Civil y Penal, donde por ejemplo se establecía que una reunión de más de tres personas era delito.  Entonces reflexionamos que, por no llegar a acuerdos, en la primera oportunidad el gobierno decidió volver a comisión el proyecto, lo que significó reiniciar el procedimiento de debate. Ante esa situación hubo un cambio de actitud, el gobierno tuvo un aprendizaje a mi criterio. Comenzaron a predisponerse al diálogo y a escuchar las posiciones de los distintos bloques y sumar aportes con el fin de mejorar la propuesta original. Le dijimos al presidente que debíamos abocarnos a lo urgente y concreto. Por eso finalmente quedó un dictamen de 300 artículos, que le permitirá llevar adelante su plan de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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