Miriam Campos
“Actualizar de menos el presupuesto en relación a la inflación es también desfinanciar. Es dejar licuar el poder adquisitivo del cuerpo docente como de las universidades públicas y eso apunta a que las instituciones dejen de hacer las actividades que vienen haciendo. Permitir que eso pase es ignorar completamente lo que es una institución universitaria, lo mismo que pasa con Conicet”, dice a La Nueva Mañana, el docente y doctor en informática Javier Blanco, que además es secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc).
“Quizás el objetivo del Gobierno es que solo se garanticen clases y todas las actividades queden sin aportes, y eso es ridículo porque una universidad funciona de forma integrada: producción de conocimiento, transferencia, alcance social; eso es educación”, agrega.
Lo que dice Blanco hace referencia a los proyectos de investigación que se caen si no tienen presupuesto, a la posibilidad de realizar y participar de congresos, la compra de material de estudios, las actividades y programas de extensión, entre otros, porque si no se invierte, las actividades propias de la universidad “se van a ir paralizado”.
Centralmente la universidad es un espacio donde además de producirse profesiones, sujetos capaces de intervenir con distintas herramientas en la realidad social, es también un actor colectivo: “Es una institución que tiene la capacidad de construir lecturas sobre las realidades, coyunturas, los problemas y de, colectivamente, producir caminos de solución y además hacerse cargo de ello”, aporta Leticia Medina, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y secretaria General de la CTA de los trabajadores en Córdoba.
La Universidad de Córdoba ha hecho experiencias en este sentido, como en su momento el proyecto Suma 400, que fue una articulación entre la universidad y los municipios del interior de Córdoba. También hay otras iniciativas como las universidades populares, el consejo social, que son espacios de interacción entre la comunidad y las universidades.
“Han salido de las universidades públicas y el sistema científico, tecnológico las mejores herramientas y soluciones a problemas de la sociedad, como los son, por ejemplo, las vacunas y una serie de desarrollos que aportan a nuestra sociedad”, dice la referente gremial y agrega que los recortes van avanzando al interior de las instituciones y este tipo de situaciones a veces genera individualismo o competencia, salvo que se produzca lo que ocurre ahora que es “una reacción colectiva”: “Como comunidad científica y universitaria tenemos que evitar el individualismo. Sabemos, por otros momentos que ya pasamos, que las salidas de estas situaciones son colectivas y con mejores ideas”.
El jueves, los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas, unidos en el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, realizaron un paro por 24 horas que se hizo sentir en todo el país. Y en Córdoba, en medio del reclamo salarial y el ahogo presupuestario, el inicio de clases en la UNC no va a empezar como estaba previsto.
En ese marco, para la próxima semana, del 18 al 22 de marzo, se realizarán protestas y debates en las distintas facultades en el marco del estado de asamblea permanente, emergencia y la continuidad del plan de lucha de los docentes.
“No somos la casta”, manifestaron las universidades previo a la jornada de protesta que contó con el respaldo de la CGT y las dos CTA. Y en la víspera de la medida de fuerza, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Humano, oficializó un aumento del 70% para “los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”, es decir, sólo habilitó dinero para “afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento", pero los salarios quedaron afuera.
En esa línea, sobre cómo impacta el anuncio del aumento para gastos de funcionamiento, Blanco explica que la medida no soluciona el problema de fondo porque “hay un enorme retraso salarial” y va a ser muy difícil mantener una universidad con “docentes cada vez más pobres”: “No es algo que converja, sobre todo porque el discurso del Gobierno ha sido muy confrontativo, desconociendo la situación de salarios de la docencia universitaria y los otros niveles. Es un aumento significativo pero a la vez no compensa porque lejos está del 250% de inflación del último año, por lo que sigue siendo un presupuesto mucho menor al del año pasado”.
Para el referente gremial, eso es parte de un ahogo y de un funcionamiento a medias que va a tener la universidad en todo el año, en vistas de lo que viene. “Nos parece un despropósito separar el presupuesto de los salarios, es el indicio de algo preocupante porque muestra que no se van a ocupar de lo salarial”, indica.
La situación de alerta es un problema generalizado en las 57 universidades públicas del país porque la inflación acumulada en enero y febrero fue del 51,3% y el aumento salarial para los docentes fue solo del 16% en febrero, lo que representa una pérdida del salario real de más de 35 puntos porcentuales.
“Se trata del recorte más grande del salario en la historia de los salarios universitarios. Algo inédito, salarios licuados por inflación y con una respuesta frente a esa inflación absolutamente insuficiente”, dice el secretario General de Adiuc y añade que a eso se suma, que se “recondujo” el presupuesto de gastos de la universidad pública del 2023, que ya venía del 2022. Es decir, que “con una inflación del 250% que se arrastra, este año llega el mismo presupuesto que antes, a todas las universidades”.
“No tenemos ninguna previsión si habrá plata para hacer las actividades o no. Realmente es muy dañino lo que pasa”, indica Blanco y agrega: “Por un lado, los salarios se desprecian terriblemente y por el otro, no se garantiza la continuidad de las actividades”.
Blanco: “Nos parece un despropósito separar el presupuesto de los salarios, es el indicio de algo preocupante porque muestra que no se van a ocupar de lo salarial”.
En la misma línea, Medina agrega que la situación de la universidad “es un estado de incertidumbre” porque a partir de la decisión administrativa de reconducir el presupuesto 2023, se abre es un tiempo de negociación de los rectores con la ahora subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Economía, para ver de qué manera, a quienes, cuándo y cuánto, se va a financiar la actividad de cada universidad. “Lo cual es una negociación que está por fuera de los mecanismos institucionales que corresponde, que es la ley de presupuesto votada en el Congreso”, destaca.
En este marco, los gremios universitarios vienen alertando de una práctica de “autoajuste” adentro de la universidad como respuesta primera al recorte presupuestario: “Hay que discutir qué presupuesto necesitan las universidades y para hacer qué cosas, y esa es una discusión que no se está dando. Hay directamente, un recorte porque todos tenemos que poner el hombro pero ninguna discusión acerca de cómo la universidad podría estar aportando a la búsqueda de la construcción de otras soluciones posibles para los problemas que tiene Argentina”, agrega Medina.
Con dinero a cuentagotas, de manera discrecional “también se restringe la autonomía de las universidades para delinear proyectos, para definir su funcionamiento, sus prioridades y demás”, explica la secretaria General de la CTA de los Trabajadores y añade que, de alguna manera, las autoridades de la universidad comienzan a priorizar qué cosas van a mantener y cuáles no, como el financiamiento de los SRT.
“No se conocen los presupuestos, cuánto aporte vendrá de la Nación y no estamos dando a nivel de la comunidad universitaria un debate que nos permita discutir políticamente, estas políticas que son de ajuste económico pero también un ataque directo a la universidad pública, lo que está en juego hoy es la universidad, no su presupuesto”, cierra Medina.
