Redacción La NUEVA Mañana
La Justicia tomó cartas sobre el llamado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, implementado por el Ministerio de Seguridad a pocos días de asumir el Gobierno Javier Milei.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la "inconstitucionalidad" del protocolo antipiquetes de la cartera de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente "en las próximas 72 horas" un informe que detalle los "fundamentos jurídicos" de su aplicación y "si fueron consultadas" la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
"Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)", detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.
En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".
"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales", agrega la orden judicial.
Casanello pide "precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'" y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".
Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete "se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia".
Fuente: Télam
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