Todos los acusados ocupaban el directorio de Vicentin SAIC hasta fines de 2019, cuando la empresa adujo “estrés financiero” y se declaró en cesación de pagos. El juicio oral y público sería en la primera mitad de 2024.
País30/12/2023
Redacción La Nueva Mañana
La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario acusó este viernes de “estafa y asociación ilícita” a los ex directivos de la empresa agroexportadora Vicentin, que ingresó en default a fínales de 2019; y pidió penas de hasta 17 años para los ejecutivos de la firma cerealera.
La acusación fue formalizada por la Fiscalía que encabeza Miguel Moreno, a través de un escrito de más 500 páginas en las que detalla las imputaciones efectuadas contra los máximos directivos de Vicentin.
La fiscalía pidió 17 años para Roberto Gazze; 16 años para los ejecutivos, Daniel Buyatti y Alberto Macua; 14 años para Omar Scarel; 12 para Máximo Padoán y otros diez años para Cristian Padoán y Martín Colombo.
Además, solicitó 13 años de prisión para Sergio Roberto Vicentin; 10 años a Pedro Germán Vicentin y Yanina Boschi; y ocho años para Javier Gazze y Miguel Vallaza.
Además, la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó siete años de prisión para el socio de la consultora KPMG y auditora de los balances de Vicentin, Eduardo Harnan, y de otros tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
Todos los acusados ocupaban el Directorio de Vicentin SAIC hasta fines de 2019, cuando la empresa adujo “estrés financiero” y se declaró en cesación de pagos.
Al fundamentar la imputación por asociación ilícita, el Fiscal Moreno sostuvo que los directivos de la cerealera “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo”.
“En una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”, afirmó el funcionario judicial.
Desde la querella, en tanto se anticipó que la instancia de juicio oral y público de la causa, llegaría en la primera mitad del 2024.
“En febrero la querella seguirá los pasos de la Fiscalía y concretaremos nuestra acusación y seguiremos bregando para el juicio y la condena", dijo el abogado querellante en la causa, Gustavo Feldman.
En octubre de 2021 el fiscal Moreno imputó a los 12 directivos de la agroexportadora por defraudación y estafas, al entender que falsearon datos en los balances de Vicentin SAIC, previos a su concurso en marzo de 2020.
Moreno les atribuyó 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019.
Todo ello, mediante “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
En el mismo sentido estimó el perjuicio económico para los bancos nacionales en US$ 500 millones, mientras que en el caso del Banco Macro, la estafa habría alcanzado los $508 millones.
En mayo pasado, la Fiscalía imputó a los directivos por asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel".
Con las acusaciones y pedidos de penas de a los ex directivos de Vicentin, la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), finalizó la investigación penal preparatoria.
El diputado provincial santafesino Carlos del Frade dijo que, tras 90 años de trabajo y producción “a favor de unos pocos”, a la cerealera Vicentin la convirtieron “en plataforma de lavado, evasión impositiva y fuga de capitales, con la mayor protección durante el macrismo”.
Así lo expresó en diálogo con Télam el diputado que integra la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin.
Para del Frade, detrás de la cesación de pagos de Vicentin “estaba la historia de un grupo económico, convertido en el primer exportador de cereales del país gracias a los distintos niveles del Estado y la mirada cómplice de muchos sectores políticos y económicos”.
"Usaron lo mejor de noventa años de trabajo y producción a favor de unos pocos”, sostuvo Del Frade.
Y añadió: "Convirtieron al consorcio en una plataforma de lavado, evasión impositiva, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y fuga de capitales contando con la mayor protección durante el macrismo”.
De cara al juicio a 17 de los responsables de la firma, remarcó su demanda: “Salvar las fuentes laborales, recuperar la soberanía en el negocio de la exportación de cereales y devolverle al pueblo argentino los 791 millones de dólares fugados”.
Acto seguido, sostuvo que “los casi 1.600 millones de dólares que quedaron como deuda especialmente con productores, cooperativas y bancos oficiales".
Por otra parte, felicitó a los integrantes de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rosarino por el trabajo realizado en la causa.
Y los exhortó “a seguir insistiendo para que los derechos de las mayorías estén por encima de los intereses minoritarios y que, de una buena vez, vayan presos los delincuentes de guante blanco”.
Fuente: Télam
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