Redacción La NUEVA Mañana
El ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recibieron este lunes a referentes de organismos de derechos humanos para analizar en conjunto "la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño" y posibles nuevas acciones a implementar ante "la vulneración de derechos" registrados en la provincia por parte del gobierno de Gerardo Morales.
"Recibimos a Madres de Plaza de Mayo y representantes de organismos de DD.HH para analizar la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño. Evaluamos los pasos a seguir para cumplir los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de Derechos Humanos", expresó Soria desde su cuenta de Twitter.
Desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos informaron a través de un comunicado que durante la reunión evaluaron junto a las organizaciones "el rumbo a seguir" y las posibles nuevas acciones a implementar ante "la represión y vulneración de derechos registrados en la provincia de Jujuy desde que el Gobierno de Morales impulsó la reforma parcial de la Constitución provincial".
Del encuentro participaron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeyda y Vera Vigevani de Jarach; el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, así como representantes de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
Los organismos expresaron su preocupación por la "alarmante situación de represión y vulneración de derechos humanos", como también por la "criminalización de los derechos a la protesta y manifestación" en Jujuy impulsada por Morales, actual precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC).
Asimismo, rechazaron la "persecución encabezada por el Gobernador e instrumentada conjuntamente desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Jujuy para privar la libertad y sancionar económicamente a los manifestantes" los días posteriores a las manifestaciones contra la reforma constitucional.
Los funcionarios y los representantes de los organismos analizaron las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo a fin de "garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y de la Constitución Nacional" en esa provincia.
También advirtieron que el Gobierno jujeño "está exponiendo al Estado argentino a graves sanciones de organismos internacionales", como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Repasaron la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por Soria el pasado 30 de junio sobre "los artículos reformados de la Constitución jujeña que vulneran derechos consagrados por la Constitución Nacional".
Además, se analizó el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, como la denuncia penal y la presentación de un hábeas corpus colectivo y preventivo en favor de los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta.
Los funcionarios nacionales informaron los avances y estado de situación de los escritos presentados y adelantaron a los organismos presentes que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en la causa que investiga las responsabilidades de la represión en la provincia.
Fuente: Télam
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