Redacción La Nueva Mañana
El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que el pasado miércoles por la medianoche obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, tras incorporar numerosas modificaciones impulsadas por el justicialismo y otros bloques opositores (en consonancia con las demandas de las organizaciones del sector), ingresó al Senado y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quiere convertirlo en ley en noviembre.
La intención de la ex ministra de Seguridad es no demorar la aprobación de un tema que unificó de manera transversal al conjunto de las fuerzas políticas en la Cámara baja, y que demostró tener un impacto profundo en la opinión pública.
La iniciativa, además, tiene promotores al interior de la tropa oficialista, especialmente de dos diputadas muy cercanas a Bullrich, como son la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien le puso el cuerpo a las negociaciones, y Silvana Giudici, que opera como una articuladora clave en la estructura libertaria.
La nueva norma, que incorpora casi el 100% de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año y que había sido insistida por la oposición tras el veto del presidente Javier Milei, genera divisiones al interior del propio Gobierno.
El ala económica más ultra la resiste por el presunto costo fiscal que le insumiría al Estado. Este sector, entre quienes se puede fácilmente identificar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, fue el que avaló la redacción del proyecto de Presupuesto 2027 que apunta a desmantelar el sistema de protección de la discapacidad.
El texto original proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para prestadores, derogar el mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar al paradigma médico restringido a la la invalidez laboral.
Después de penar durante todo el 2025 con la Ley de Emergencia que el colectivo de la discapacidad y la oposición en el Congreso le impusieron al Gobierno -y que el Poder Ejecutivo se negó a cumplir cabalmente con argucias judiciales-; la gestión de Milei volvió a desatar otro escándalo este año al enviar a Diputados una redacción del Presupuesto que desconocía todos los compromisos en la materia y amenazaba con arrasar con el sistema de discapacidad tal como se lo conoce en la Argentina.
Cuando ingresó el Presupuesto a la Cámara baja, Rodríguez Machado venía negociando con las fuerzas dialoguistas una propuesta “superadora” de la ley de emergencia, que la oposición pretendía prorrogar por un año más.
La desagradable noticia de que su propio Gobierno estaba desconociendo los compromisos asumidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici, y por ella misma con el conglomerado de fuerzas aliadas y dialoguistas; descolocó y sacó de quicio a la cordobesa, que puertas para adentro reclamó explicaciones y soluciones con carácter inmediato al Poder Ejecutivo.
La propia Bullrich se hizo eco del malestar y denunció públicamente la mala praxis del Gobierno nacional, pidiendo la rectificación urgente, y desde el lado de Menem recurrieron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que tomara el toro por las astas y exigiera la eliminación de esos capítulos del Presupuesto.
Una vez conseguida la promesa de parte del Poder Ejecutivo de que se introducirían esos cambios en “la ley de leyes”, desde el menemismo se encargaron de transmitir tranquilidad no sólo a los aliados y dialoguistas, sino también a los propios diputados que estaban impulsando el tema, como Rodríguez Machado, Giudici y Gisele Castelnuovo. El horno no estaba para bollos.
El ala política del Gobierno le había ganado la pulseada al ala económica y eso permitió reencaminar las negociaciones del dictamen, que fue mejorado sustancialmente con los aportes del presidente del bloque de Argentina Federal, el misionero Oscar Herrera Ahuad, un diputado que padece una discapacidad auditiva y está muy comprometido con la causa.
Con la cosecha de 237 votos positivos contra apenas nueve rechazos y cuatro abstenciones, Menem fabricó una mayoría aplastante de más de dos tercios que constituye en sí mismo un mensaje de fortaleza institucional y sirve para desanimar una eventual tentación vetadora de Milei.
En el Senado, Bullrich tendrá como uno de sus principales escuderos al cordobés Luis Juez, quien al igual que Herrera Ahuad también tiene motivaciones personales para defender la nueva ley ya que su hija Milagros padece parálisis cerebral.
Cuando el Senado sancionó la emergencia en Discapacidad, Juez (que en ese momento todavía pertenecía al bloque aliado del PRO) se diferenció del oficialismo y y votó a favor, y lo volvió a hacer dos meses más tarde cuando la oposición insistió para voltear el veto de Milei.
Tras la apabullante mayoría conseguida en Diputados, que incluyó un inédito pacto de última hora del oficialismo con la oposición peronista, es de suponer que en la Cámara alta se repita la misma historia. Incluso se especula con un voto unánime del recinto.
Para llegar a ese desenlace, todavía falta que se defina la hoja de ruta, incluyendo un cronograma de trabajo y firma de dictamen.
El proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” replica prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Fuente: NA
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