En la recta final de la campaña, Juez y Llaryora van a fondo. Participación vecinal. Seguridad ciudadana. Estigmas y criminalización de la protesta. Pocas diferencias.
Ed Impresa 16/06/2023 Nicolás Fassi
Especial para La Nueva Mañana
A poco más de 15 días para las elecciones que marcarán el fin de una época, la campaña electoral de baja intensidad que tocó en suerte (si es que en materia política la suerte existe), oscila entre los anuncios efectistas, las propuestas sin tanta profundidad y la interna dura y, por momentos, descarnada. Muy cerca, asoma el momento de las urnas. Demasiado cerca para tan poco músculo en materia de directrices concretas que marquen el camino hacia posibles soluciones para los cordobeses y cordobesas.
Como era de esperar, estos días antes de la veda electoral serán frenéticos en torno a presentaciones, mitines y repliques por redes. Quizás sea el momento de posar la lupa sobre los puntos programáticos de cada candidato.
Lo cierto es que a diferencia de otras oportunidades, la baja intensidad ha sido buscada. El objetivo parece ser que el votante “independiente” o “suelto” apele a la emoción para decantar su voto.
De ahí el constante link a las puestas de escena en las cuales el “qué” es más importante que el “cómo”, tocando temas como la seguridad, la educación y la mentada calidad institucional. ¿Pobreza? Respuesta spoiler y de casete: “Córdoba no escapa a la grave realidad por la que atraviesa el país”. En buen romance, se tira la pelota afuera. De todas maneras, ajústense los cinturones porque viene la parte final del papel picado electoral.
Con distinto timing y necesidades propias divergentes, Martín Llaryora y Luis Juez pusieron en el centro de la campaña el tema de la seguridad y el narcotráfico. Pegó primero el sanfrancisqueño, al reclamar la presencia de fuerzas federales en distintos puntos de la provincia y la ciudad de la que es intendente donde la batalla contra el tráfico ilegal de sustancias se va perdiendo. (El reverso de esta moneda es reconocer que en Córdoba el narcotráfico ya tiene puntos de salida. Pero esa es otra historia). “Necesitamos fuerzas de alto impacto para luchar contra el narcotráfico. Tenemos que dejar conceptos ideológicos de lado y que la gente sepa que tiene un gobernador dispuesto a un cambio de normativa para enfrentar al narcotráfico”, señaló.
Por su parte, un demorado Juez, quien debió sortear la interna con Rodrigo de Loredo, subió la apuesta con un slogan muy tentador y pegadizo, casi a la medida de su nueva mentora, Patricia Bullrich: “Voy a ser el ministro de Seguridad”.
En dos frases, ambos candidatos con mayor arrastre plantaron bandera en torno a la manera de solucionar la contingencia, el mientras tanto. Mucha menor repercusión tuvieron las propuestas en torno a la pobreza, el origen de la inseguridad.
El nuevo punto de encuentro expresado en los últimos días tiene que ver con la visión aperturista del programa de seguridad. Es decir, el potenciar la participación de los vecinos en el combate contra el delito.
Y fue Juez el que tomó la punta al sostener que instrumentará el sistema Ojos en alerta. Flanqueado por el intendente de la localidad bonaerense de San Miguel, Jaime Méndez, lanzó la iniciativa como “una manera de fortalecer el plan Paz y seguridad para los cordobeses”.
Según se indicó, Ojos en Alerta es “una iniciativa que comunica a los vecinos de forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM) a través de WhatsApp, para alertar sobre casos de emergencia o inseguridad”.
En su página web, se da cuenta que se trata de un “programa de seguridad ciudadana diseñado para luchar contra el delito desde tu celular”. “Ojos en alerta busca fomentar la seguridad a través de tu línea celular, utilizando solo Whatsapp podés informar de cualquier situación sospechosa que presencies. Alertando al centro de seguridad correspondiente y poniendo a disposición la ayuda que necesites. La clave del programa radica en quienes lo conforman: comerciantes, taxistas, chóferes, encargados de edificio y vecinos”, puede leerse en https://ojosenalerta.org/.
La explicación da cuenta, entonces, de la vuelta a la palestra de una línea muy delgada que, bajo el manto de la genuina preocupación por la temática, bordea y coquetea con la consolidación de prejuicios y estigmatizaciones. Para muestra, basta recordar la Marcha de la Gorra.
El “informar ante cualquier sospecha” tiene lazos muy estrechos con el viejo Código de Faltas y la figura del merodeo. No obstante, el actual Código de Convivencia, sancionado en 2015 no dista demasiado de lo modificado. En su artículo 45 bis avala el arresto de hasta 20 días a “quienes merodearen edificios o vehículos, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus habitantes, transeúntes o vecinos”. Palabras más, palabras menos, Ojos en alerta vendría a ser una actualización 2.1.
Salvo por la tradicional postura de las fuerzas de izquierda, que buscan atender los orígenes de la inseguridad pero defeccionan a la hora de la contingencia, las ofertas existentes tampoco muestran demasiadas diferencias.
Para Llaryora, su programa de seguridad pasa por fortalecer el trabajo de los Consejos Barriales de prevención y convivencia, además de la creación de un cuerpo de Policía Municipal.
“Tenemos que reforzar con más policía y también crear policías municipales con fondos, estrategias, capacitación y permitir las armas no mortales”, detalló Llaryora, tomando como referencia al municipio bonaerense de Lanús. Afirmó en ese marco que si para llevar adelante estas medidas, hay que modificar legislaciones, no tendría problemas llevar adelante las modificaciones.
Un punto no resuelto, pero que en los últimos meses ganó notoriedad es la criminalización de la protesta. Bajo el paraguas de la convivencia y la paz social, numerosos dirigentes sociales cordobeses fueron imputados por cortes de calle o por incurrir en la obstrucción indebida de la vía pública.
Pero no es todo. La “pata” legislativa muestra la transversalidad que tiene la manera de solucionar el tema, ya que en la Unicameral se encuentran, a la carta, los proyectos de Juan Manuel Cid (Hacemos Por Córdoba) y Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (Juntos-UCR) para “regularizar” las protestas callejeras. Cabe destacar en este punto que el gobernador jujeño Gerardo Morales, en medio de un conflicto salarial con el sector docente, debió dar marcha atrás con un decreto que prohibía ejercer el derecho a la protesta debido al repudio generalizado de actores sindicales de todo el país, a los que se sumaron diversos referentes de la esfera política.
En definitiva, en materia de seguridad, se trata de dos visiones similares pero con abordajes programáticos apenas diferentes. Nada nuevo en la Córdoba de las Campanas.
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