Redacción La Nueva Mañana
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expresó que la lucha contra la violencia institucional tiene que ser "una política de Estado, gobierne quien gobierne", y consideró que debe tener un carácter "homogéneo en todas las provincias" del país.
Próximo a conmemorarse el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, el próximo lunes 8 de mayo, Pietragalla Corti instó, a través de un comunicado, a los diputados a que traten el proyecto de ley integral contra la violencia institucional que impulsa el organismos a su cargo.
Desde la Secretaría consignaron que el proyecto busca "fijar pautas mínimas en todas las provincias sobre recepción de denuncias, reparación a las víctimas, pautas procesales, protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad".
"Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, hay una responsabilidad internacional del Estado argentino que no puede ingresar en el terreno de las diferencias ideológicas. El respeto a los derechos humanos debería estar por fuera de las diferencias partidarias", sostuvo Pietragalla Corti.
En lo relativo al trabajo específico que viene realizando la Secretaría de Derechos Humanos en violencia institucional, el funcionario destacó la puesta en marcha del Centro de Denuncias de Violencia Institucional que ya lleva gestionados 3.400 casos desde la asunción de la actual gestión.
Cada uno de esos casos implica "un contacto directo con las víctimas o sus familiares, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, denuncia judicial cuando corresponde y la comunicación con las autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada".
"Para nosotros, los casos no son números, sino que son personas que requieren la atención personalizada del Estado, acompañamiento y la Secretaría está presente activamente con cada una de ellas", expresó Pietragalla Corti.
Otra de las políticas públicas llevadas a cabo en esta materia tiene que ver con la colocación de 32 carteles de señalización de hechos graves de violencia institucional cometidos en distintos puntos del país, con la foto de las víctimas y una reseña de lo sucedido.
"Las señalizaciones son una reparación a las víctimas, pero también es una señal política del Estado de que no es impune matar una persona con un uniforme o un arma oficial y que el Estado repudia y condena esos hechos", sostuvo el secretario.
Pietragalla destacó además que desde la presentación como querellante de la secretaría que conduce en algunas causas graves de violencia institucional para "marcar precedentes que sirvan de ejemplo y evitar que los casos se repitan".
En esta línea, recordaron que este 14 de agosto comenzará el juicio oral por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel -en el cual la Secretaría de Derechos Humanos participa como querellante- asesinado el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi durante un operativo de desalojo llevado a cabo por el Grupo Albatros de Prefectura.
Más allá de los juicios en los que la Secretaría participa de la querella, Pietragalla señaló que intentan "estar presentes en todos los juicios de violencia institucional bajo la figura de amicus curiae y observadores".
"La Secretaría al ser la cara del Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos, tiene mucho para aportar en la mirada y los antecedentes internacionales sobre cómo deben juzgarse e investigarse los casos de posibles violaciones de derechos humanos", explicó.
Otro de los ejes para abordar esta problemática está vinculado al desarrollo de actividades de formación "destinadas a prevenir la violencia institucional", fomentando en los agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad y personal penitenciario "el debido respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones".
Para ello, la Secretaría desarrolló una oferta de capacitación virtual y presencial en la materia, diferenciada por oficiales, suboficiales, altos mandos e instructores de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, detallaron.
Al respecto, informaron que desde el comienzo de la gestión se han realizado distintos cursos de capacitaciones a las fuerzas en las provincias de Buenos Aires, San Juan, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fuente: Télam
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