Redacción La NUEVA Mañana
El martes 14 a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Eduardo Fernández presentará públicamente el Proyecto de Ley de sanción penal de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Desde Córdoba, viaja una decena de jóvenes y referentes de organizaciones de derechos humanos y de la democracia estudiantil, para estar presentes en dicho acto.
La iniciativa, formalmente ingresada bajo el expediente 4801-D-2022, es de autoría del legislador cordobés por el Frente de Todos, Eduardo Fernández, y fue presentada por primera vez ante la Cámara de Diputados en el año 2021.
Este año, en el marco del cumplimiento de los 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país, el diputado nacional expresó que su proyecto de ley “tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional”.
En los fundamentos del proyecto, Fernández alerta sobre el “ascenso en toda la Región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público”.
Al respecto, el proyecto estipula la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quienes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.
El proyecto ha despertado el interés de la sociedad civil y amplios sectores de la vida democrática de nuestro país, por lo que se espera un importante acompañamiento de referentes de organizaciones sociales y políticas.
